Las últimas señales describen un retroceso en la búsqueda de soluciones desde la pluralidad: el enfrentamiento entre PNV y PSE por las exigencias lingüísticas en el empleo público y el aluvión de suspensos en la Prueba de Acceso a la Universidad, sorprendentemente corregido en muchos casos en la reválida. La confianza en las instituciones es vital para no caer en el partidismo, sobre todo cuando hay mimbres para avanzar en proyectos compartidos como es el desarrollo del euskera, que debe trabajarse más.

Flaco favor le hace ELA a este reto pendiente cuando anuncia que solo negociará en lengua vasca los próximos convenios sectoriales. La medida, según sus promotores, pretende defender los derechos de los euskaldunes en el ámbito laboral, lo que a juicio de la presidenta de Confebask supondría levantar «un muro». La iniciativa del principal sindicato vasco, lejos de conseguir su objetivo, corre el riesgo de profundizar en una división de efectos claramente contraproducentes para extender un idioma.

Un giro hacia la radicalización condenado a chocar contra la patronal, primero -«es una estrategia de confrontación» que aleja el acuerdo, sostiene Tamara Yagüe en una entrevista con este periódico-. Y, después, está por ver si una advertencia tan cargada de efectismo político como la que lanza la central sindical es viable en el ámbito de la negociación de convenios. También dentro de ELA por cómo puede afectar a los intereses de los propios trabajadores y sus delegados, muchos castellanohablantes o reacios a imponer un bilingüismo que no representa al colectivo.