España asistirá de oyente a la firma del acuerdo y mantiene intacta su posición sobre la soberanía de la colonia –así reconocida por Naciones Unidas–. Después del cierre de la Verja en 1969 por el régimen franquista y su apertura parcial en 1982 por el Gobierno de Felipe González, los 11.000 españoles, la mayoría de La Línea de la Concepción, que cruzan cada día a territorio gibraltareño para trabajar se despedirán felizmente de largas horas de espera y gestión arbitraria de las autoridades del Peñón. La comarca del Campo de Gibraltar confía en beneficiarse de la apertura económica y teme a la vez el efecto del mayor poder adquisitivo de los británicos. Las partes implicadas abogan por un desarrollo equilibrado, pero domina en el horizonte la preocupación por la inseguridad en un territorio expuesto a la inmigración ilegal, el contrabando y el narcotráfico. La Verja protegía del exterior pero ya no con la entrada en el espacio Schengen. Los controles se trasladan al aeropuerto y el puerto, a cargo de agentes españoles en calidad de policías europeos.

La nueva situación en Gibraltar coincide con una grave crisis política en Gran Bretaña, que tiñe de interrogantes el esfuerzo de acercamiento a la Unión Europea protagonizado por el primer ministro saliente. El previsible relevo de Keir Starmer, Andy Burham, aún tiene que demostrar con hechos que respalda algún tipo de ‘regreso al continente’ y que lo apoya un Partido Laborista que en 2016 careció de valor para luchar contra el Brexit. Según las encuestas, una mayoría de los británicos ve ahora con mejores ojos a la UE, pero ya se dejaron engañar una vez.