Alguna vez debato con amigos si la nuestra es corrupción de las instituciones, o corrupción sistémica. Puede parecer una cuestión menor o una pejiguera de teóricos y analistas, pero tiene mucha miga.

Lo explico: hay corrupción de las instituciones cuando una institución pública dada (aunque también pasa en las privadas, como clubs y empresas) cae en manos que la apartan de sus fines para ponerla a su servicio privado. Por ejemplo, hacerse con la concejalía de urbanismo para cobrar mordidas a promotores y constructores. Pero la corrupción es sistémica cuando se ha corrompido la totalidad del sistema y de sus reglas, no solo una o varias instituciones, convertida en estrategia de asalto, monopolio y explotación del poder político. Se puede decir, por ejemplo, que la invasión de competencias legislativas y judiciales obra del Tribunal Constitucional es corrupción sistémica para asaltar el poder en beneficio de un partido. Nos vale también aquí la “ley de nietos”.

La corrupción de instituciones es la común y corriente. En concreto, la ligada al urbanismo y obras públicas fue la mayor y más extendida por estos lares antes de Sánchez, y prácticamente afectó a todos los partidos políticos sin excepción. Por cierto, fue la razón de uno de los pocos pero importantes logros parlamentarios de UPyD, una enmienda (apoyada por el PP) para que el Código Penal ampliara a los partidos políticos la responsabilidad penal colectiva por delitos de corrupción de sus cargos en el caso de que los conozca, encubra o promueva. Es posible que el PSOE tenga que lidiar con esa innovación penal dentro de poco… Pero volvamos a la cuestión teórica.

Es cierto que la corrupción institucional vulgar puede ser sumamente grave. Pensemos en el desastre económico del hundimiento de las Cajas de Ahorros en 2008, bajo Zapatero, del que aún no nos hemos recuperado. Pues bien, la quiebra de las Cajas tuvo un origen político vinculado a la corrupción tradicional del urbanismo, porque muchas inversiones de Cajas durante el boom del ladrillo financiaron ilegalmente a partidos, sindicatos y patronales, ignorando inspecciones e informes del banco de España que advirtieron con tiempo de la enorme e ilegal burbuja especulativa en curso (cuento esta historia detalladamente en La democracia robada).

El parásito aprovechado y el patógeno asesino

Con todo, la corrupción institucional puede coexistir con instituciones razonablemente limpias y suele bastar la acción de la justicia para, al menos, sacarla a la luz. En general, solo busca beneficios económicos ilegales, aunque la gangrena puede ser tan grave como fue la tangentopoli italiana. Pero en la corrupción sistemática la cosa cambia de cualidad en sus efectos y en su lógica, siendo mucho más destructiva. Aquí el beneficio económico ilegal es secundario, porque el realmente primario, el premio gordo absoluto, es el poder en sí y por sí mismo. Por supuesto, corruptos vulgares pueden saltar del prostíbulo y las mordidas al asalto del Estado, como el conocido “cuarteto del Peugeot”, pero son niveles distintos.

Tirando de metáfora, la corrupción institucional tiene con el resto del sistema una relación de parasitismo: debilita y enferma al organismo explotado robándole recursos y energía, pero no lo mata porque, si lo hace, también morirá (don Corleone explicaba muy bien todo esto en El Padrino). En cambio, la corrupción sistémica es un patógeno asesino, el invasor que se apodera del huésped -la democracia- con la intención de sustituirlo por completo; intenta consumirlo hasta que muera, y sólo quede él. Así que la corrupción institucional sería comparable a un virus molesto, pero no mortal, y la sistémica a uno asesino. No siempre es fácil distinguirlos.

Democracia zombi

El salto que representa la corrupción sistémica es el que va de una democracia defectuosa, debilitada, parasitada por cargos públicos rapaces, funcionarios cómplices y ciudadanos indiferentes, a una democracia zombi, muerta aunque parezca viva. Ciertamente no hace falta declararla difunta ni sustituirla por otro sistema diferente, aventura siempre arriesgada. Es mejor dejar la Constitución vaciada y paralizadas todas sus funciones, reducida a una cáscara inoperante. Lo explicó a la perfección Carl Schmitt para la Europa de hace un siglo, y se desarrolló en plenitud en las “dictaduras democráticas” latinoamericanas.

El sistema acaba siendo de gobierno de partido único, con elecciones trucadas y oposición simbólica, sin posibilidades de alternancia en el poder ni de participación en las instituciones, y con la justicia, policía y ejército férreamente controlados por el partido realmente único. Fue inaugurado en México por la “dictadura perfecta” del PRI, que denunció Mario Vargas Llosa, y perfeccionada en Venezuela por el chavismo. Es el modelo Grupo de Puebla que el sanchismo ha tratado de implantar en España, como tantas veces ha explicado en estas mismas páginas Jesús Cuadrado.

Diferente y más insidiosa

La corrupción sistémica es también más peligrosa porque es más difícil de detectar. Siempre aparece ligada a la bipolarización, una gran escisión política de la sociedad en bloques enfrentados, pero no simétricos: uno niega, acepta o aplaude la corrupción sistémica de los suyos, y el otro (de momento) la padece. Biempensantes y neutrales los equiparan, pero es un grave error. Son, entre nosotros, el bloque progresista y la fachosfera.