Miquel Escudero-El Correo

  • Se nos ocultó la propuesta de amnistía general que José Antonio envió desde la cárcel en agosto de 1936

El golpe de Estado que originó la Guerra Civil, hace ahora 90 años, dividió al país en dos zonas: una con casi quince millones de habitantes (localizados su mayoría en urbes industrializadas) y otra con unos diez millones de habitantes (en zonas rurales con pocas fábricas). Pío Baroja tenía entonces 63 años y no tardó en describir a España como «un inmenso manicomio de elementos enfurecidos, que han roto sus camisas de fuerza y se desgarran como lo que son: víctimas de rabiosa enajenación mental».

Demasiada gente influyente acabó queriendo lo que no deseaba: la atrocidad de la crueldad y la sinrazón. Una vez lanzados, no querían dar vuelta atrás. Se nos ocultó la propuesta de amnistía general que José Antonio envió desde la cárcel en agosto de 1936: pedía la «reposición de los funcionarios declarados cesantes a partir del 18 de julio», la disolución y el desarme de todas las milicias. Y pedía que se formara de inmediato un gobierno de reconciliación que sugería presidido por Diego Martínez Barrio (radical y masón). En ese gobierno destacaré la presencia de Melquiades Álvarez (demócrata liberal y masón) como ministro de Justicia; Manuel Portela Valladares (demócrata liberal y masón) como ministro de Gobernación; Joan Ventosa (afín a Cambó) como ministro de Hacienda y el socialista Indalecio Prieto como ministro de Obras Públicas, quien se hizo con la maleta del líder falangista que contenía sus documentos en la cárcel y la depositó en un banco de México. Por desgracia, aquella propuesta no sirvió para nada. Resultó demasiado tarde. Hoy pocos tienen idea de esto, otros no se permiten imaginarlo. Y la mayoría está en la inopia.