Gorka Angulo-El Correo
- Nadie se acuerda de homenajear al apoderado de Tabacalera al que ETA mató hace 44 años. Su viuda y sus hijos se sumaron a la diáspora vasca de la vergüenza
María Victoria Vidaur San Ginés tiene a sus 84 años una ilusión por cumplir: colocar un ramo de flores con una cinta con los colores de la bandera española frente a la oficina de Correos de Algorta, en el lugar de la calle Torrene donde ETA asesinó a su marido, Alberto López-Jaureguízar Poncela, el 16 de julio de 1982. Desde su funeral nadie se ha acordado de homenajearle por su militancia en Alianza Popular (AP) y por su compromiso con las víctimas del terrorismo desde un infatigable activismo que consistía en asistir a sus funerales o en colocar la bandera española con crespón negro en su domicilio de Algorta.
Todo empezó tras contemplar en directo el atentado contra dos oficiales del Ejército en Bilbao, en 1979. El doble crimen conmocionó al entonces apoderado de Tabacalera, que desde aquel momento decidió no hacer lo que hacía la inmensa mayoría de la sociedad vasca frente al terrorismo abertzale: mirar para otro lado o callarse. ¿Qué ciudadano anónimo en los peores ‘años de plomo’ se interesaba por los damnificados por el terrorismo o colocaba en su casa un símbolo vetado y perseguido en tierra vasca fuera de algunas instituciones?
La memoria por esta víctima me suena a expediente traspapelado, a desidia, ignorancia y vergüenza. El escritor, periodista y Premio Nobel de la Paz Elie Wiesel, superviviente en Auschwitz y Buchenwald, dice en su obra ‘La noche’ que «olvidar a los muertos sería equivalente a matarlos por segunda vez». Recordar no es quedarse anclado en el pasado, es impedir que las calumnias o el olvido borren el buen nombre de las víctimas que merecen ser reivindicadas. Y es aquí donde, a quienes de manera recurrente e interesada agitan el mantra de las víctimas del terrorismo, conviene recordarles que, en vez de hablar tanto de apoyar a las víctimas, quizá deberían hablar más de apoyar a cada víctima, empezando por las más próximas en todo. No es justo que haya víctimas menos reconocidas que otras.
El asesinato de Alberto López-Jaureguízar tuvo tres consecuencias cuyo orden de los sumandos no altera el resultado final: una infamia absoluta. Su viuda e hijos tuvieron que marcharse de Getxo en mes y medio; los que mantenían su misma militancia en AP aumentaron el régimen de clandestinidad de su partido con una cuarta víctima mortal en menos de tres años, y el olvido se impuso sin problemas en nuestra autocomplaciente sociedad estruendosamente silente frente al terrorismo. Sí, la sociedad vasca que ante los crímenes de ETA solo hablaba en público de fútbol o meteorología, siempre oscilando entre la cobardía moral y la complicidad, solo pensando en la ‘kutxa’ (dinero) y la ‘kokotxa’ (bienestar).
1977 fue el año en que comenzó a ser proscrita la bandera española en Euskadi. Tras el secuestro, tortura y asesinato del prócer de Neguri Javier de Ybarra Bergé, la bandera rojigualda con crespón negro apareció en numerosos domicilios particulares de Algorta, Las Arenas, Neguri y el centro de Bilbao. Después del funeral de Ybarra nunca más se volvieron a ver. Imaginen lo que podría suponer colocar en soledad una bandera de España por víctimas de ETA, que se registraban casi cada 48 horas, en la terraza de un edificio en Algorta con portera andaluza abertzale y a escasos metros de la ‘zona nacional’ de los radicales.
1977 es también el año en que comenzó la diáspora vasca de la vergüenza de altos funcionarios, personal docente, directivos empresariales, profesionales cualificados y, sobre todo, víctimas del pistolerismo etarra. Un éxodo vasco que no tiene ni ‘euskal etxeak’ subvencionadas en el exterior ni un solo reconocimiento por las instituciones vascas gobernadas por nacionalistas. En 50 días la viuda y sus hijos se suman a esa diáspora inaugurando una nueva y definitiva vida en Alicante, con tiempo para grandezas y miserias. La solidaridad de Antonio Merino, el hombre que salvó a AP en el País Vasco desde la organización vizcaína que lideraba, y la generosidad del histórico Juan Antonio Montesinos García, presidente de AP en la Comunidad Valenciana y único dirigente nacional verdaderamente dispuesto a ayudar. Entre los dos ayudaron a la familia de la víctima a rehacer su vida a 800 kilómetros de Getxo. Volvieron a empezar lejos y sin odio, con una carta a la prensa en la que Victoria Vidaur defendía la memoria de su marido con un «Dios os perdone como yo lo hago».
Para las miserias ya estaba un extinto diario donde todo lo noticiable entonces fue justificar el crimen al dictado de ETA y contar que la viuda se marchaba. En un suelto informativo todo un mensaje de victoria parcial para los asesinos y sus hinchas. La victoria absoluta vino con el gratis total a los autores, aunque la Policía llegase a encontrar en 1986 la pistola utilizada en el atentado. Que un caso más sin Justicia no se quede sin Memoria.