Sánchez busca autoamnistiarse de la corrupción como Puigdemont

Después de que la Audiencia Provincial de Madrid refrendara ayer la resolución del juez Juan Carlos Peinado de que Begoña Gómez sea enjuiciada por un juzgado popular, si bien únicamente por tráfico de influencias y malversación al prevalerse de su condición de consorte del presidente del Gobierno, justo a las 48 horas de que la Audiencia de Badajoz condenara a su hermanísimo, luego de la inhabilitación de su fiscal general y de los 24 años de prisión que ya pena su antiguo edecán en el PSOE y en el Gobierno, José Luis Ábalos, Pedro Sánchez ya debiera haberse encaminado al Palacio de la Zarzuela para presentar su preceptiva dimisión ante Su Majestad el Rey, como le exigía a Rajoy por carecer de Presupuesto. Pero no lo hará quien ha desatendido la votación en ese sentido de la mayoría absoluta del Congreso y del Senado y se acantona en La Moncloa tras perder las elecciones y comprarle el voto al prófugo Puigdemont, al que ayer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea allanó su regreso a España al colegir que la Ley de Amnistía no afecta a los intereses financieros de la misma ni infringe su directiva contra el terrorismo. Ello no obsta para que aquella claudicación fuera infamia en toda regla por parte de quien sostuvo que ni la aceptaría ni lo permitía la Constitución.

Diríase, sin embargo, que hoy Sánchez persigue su propia amnistía ante el horizonte penal que se le viene encima y que apremia con aplastarlo. Ello evidencia que España se enfrenta a un peligro público dispuesto a todo con tal de perpetuarse en el poder ilegítimamente, incluida la posibilidad de derivar sus litigios en una crisis constituyente que avivarían sus socios separatistas, como apunta su valedor Arnaldo Otegi como cabecilla del brazo político de ETA.

Lo cierto es que no hay precedente en la Unión Europea de un gobernante que viole tan flagrantemente los procedimientos democráticos encaramándose sobre las leyes sin importarle cómo pasará a la historia después del comezón que tenía al trasladárselo a un estupefacto Máximo Huerta, el ministro más breve de la democracia, al que hizo dimitir por una cuestión nimia quien hoy acumula corrupciones a calderadas. Tras defender la inocencia de su mujer, su hermano y de su fiscal general, así como aventurar que aguarden sentados quienes urgen su marcha, la democracia española se adentra en terrenos inexplorados que comenzaron a abismarse en abril de 2024 cuando, a raíz de la imputación de Begoña Gómez, Sánchez desató su actual guerra sucia contra jueces, fiscales, guardias civiles y periodistas que, pese a todo, han resistido a pie firme con una entereza digna de la loa churchilliana de que «nunca tantos han debido tanto a tan pocos».

En este terreno, merece singular gratitud el juez Peinado, al que han tratado de desestabilizar buscando su recusación. No obstante lo cual, aun escribiendo con renglones torcidos, ha aguantado las embestidas de la prensa sanchista con sus invenciones y bulos a troche y moche, así como el acoso cámara en ristre de la televisión gubernamental entre el balido de los agitadores de RTVeee. A trancas y barrancas, con el aval de la Audiencia en los aspectos sustanciales de la instrucción, Peinado ha poseído el coraje de demostrar que, a diferencia de «La rebelión en la granja», de Orwell, no debe haber nadie más igual que los demás, y menos quienes tienen, como servidores públicos, un deber añadido de ejemplaridad. Como otro juez ya cerca del fin de su carrera, como John Sirica, quien tomó declaración a los asaltantes al cuartel demócrata en el edificio Watergate, Peinado ha satisfecho valientemente su tarea ante un gobierno intimidatorio en su permanente huida hacia delante. No será el mejor juez, pero sí ha sabido observar su obligación, aunque sea un «turnero» (juez por el cuarto turno), como le desprecian algunos colegas de los de cogérselas con papel de fumar.

Aun así, habrá quienes dirán que se trata de una victoria pírrica la suya, al igual que se ha dicho con relación a la condena del hermanísimo, pero hay que reconocer que, a veces, estas rondan lo épico. De hecho, aunque Pirro, rey de Persia, se lamentara de sus muchas bajas en la crucial batalla de Ásculo contra los romanos, concluyendo irónicamente que «con otra victoria como esta, estoy perdido», pudo seguir adelante con unos planes que, de ser derrotado, hubieran sido segados de raíz.

Aunque Sánchez quiera presentarse como contratipo de Pirro, dando a entender a los suyos que «una sentencia más en contra y estaremos definitivamente salvados», con la asistencia de encuestas fraudulentas de medios adictos haciendo ver que el Gobierno sufre la venganza de los jueces por medio del lawfare o del impenitente CIS de Tezanos que, a medida que avanza la carcoma socialista, multiplica los votos socialistas, no es así. De serlo, Sánchez se apresuraría a poner urnas sin cebar el censo con esa fraudulenta ley de tataranietos que otorga el voto discrecionalmente y sin control a descendientes de españoles que jamás pusieron un pie en estos pagos, pero pueden ser decisorios para dilucidar el último escaño en algunas circunscripciones.

Ante tal abyección, solo cabe apelar a la decencia de aquellos que se rebelan frente a la misma. Porque es fácilmente imaginable las demoledoras secuelas que hubieran acarreado la absolución del hermanísimo y el archivo del Begoñagate para sus jueces instructores, Beatriz Biedma y Juan Carlos Peinado, cuya muerte civil buscaron las cloacas socialistas; para los agentes de la UCO que llevaron a cabo la investigación bajo la amenaza de expedientes sancionadores por parte de directores generales y jefes de la Benemérita hoy encausados; para las acusaciones populares que suplieron como ministerio público a una Fiscalía sumisa al PSOE, y para los periodistas que se dejaron la piel aportando datos entre las descalificaciones del Gobierno y de sus medios que, en vez de denunciar el abuso, forman parte del mismo.

No en vano, en estos bretes, no solo se despejaba el porvenir penal de su parentela, sino la reciedumbre de la Justicia ante un Sánchez que ha corrompido las leyes colonizando las instituciones encargadas de velar por su cumplimiento. A este respecto, hay que ser muy desahogado para esgrimir que, frente a los jueces, la Fiscalía no aprecia indicios de delito en ninguno de los dos escándalos. ¡Como si no dependiera servilmente del Ejecutivo, de la misma manera que Hacienda tampoco veía indicios punibles de fraude fiscal en David Sánchez al fijar su residencia en Portugal cuando estaba recogido en La Moncloa, arguyendo, además, que carecía de los medios que sí empleó, en cambio, para sus siete requerimientos en un año a la juez Biedma!

No es para menos en un Gobierno corrupto que hace de la indecencia su divisa tanto en el ámbito doméstico como en sus relaciones de vecindad, como lo prueba -tras entregar el Sáhara a Marruecos- su renuncia implícita a la soberanía sobre Gibraltar, cuyos habitantes, a cambio de facilitar el tránsito de españoles que allí trabajan, van a gozar del privilegio de ser españoles sin el inconveniente de serlo, preservando su estatus de lavadero de dinero negro al registrar más sociedades que «llanitos» –aun sumando esos monos a los que supedita su pervivencia– registra el padrón de la Roca. Todo esto sin que se le dé vela a las Cortes en un entierro que ‘Noverdad’ Sánchez presenta como bautizo con esa palabrería artera del lenguaje político diseñado, como ya significara Orwell, «para que las mentiras suenen a verdad, y el asesino, a respetable»… Y, por si éramos pocos, «parió la abuela» con la vuelta del prófugo Puigdemont en cuanto el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ese girasol de la Moncloa desde su época de fiscal general con Zapatero, le libre de sus responsabilidades penales como Sánchez ambiciona para sí.