Lo que este proceso pone de relieve, como el del hermano de Sánchez, es el concepto de la familia y el entorno presidenciales como una casta intocable. Una especie de dinastía, un nuevo linaje de liderazgo de cuya impoluta conducta no puede dudar nadie. El poder les ha conferido un privilegio de superioridad moral ante el que no cabe sospechar de actividades poco ejemplares por muchos indicios de abuso de posición prevalente que recaigan sobre sus actividades. Un clan autoproclamado inviolable. ‘Touchez pas à la femme blanche’.

Pruebe un ciudadano sin título superior a optar a la dirección de un máster universitario. Intente que la autoridad académica más relevante del país se traslade a su domicilio –durante el confinamiento de una pandemia– para concertarlo. Ensaye un profesor con sexenios de investigación acreditados a lograr en pocos días que uno de los principales bancos nacionales patrocine su trabajo. Busque un esforzado opositor algún contacto oficial que le cree y adjudique una plaza de funcionario. Procure un empresario carente de influencia en los altos despachos conseguir una carta de recomendación para la licitación de un contrato. Sin desanimarse por el resultado; si ninguno de ellos lo consigue simplemente habrá recibido el mismo trato que cualquier otro ciudadano. Justo el que Begoña y David han eludido gracias a su rango.

De eso va este asunto, de la igualdad que dicen defender los progresistas. No tanto de posibles hechos delictivos como de la existencia de personas que por su relación matrimonial, consanguínea, amistosa o política se consideran por encima de las reglas y con derecho a beneficiarse de ciertas prerrogativas, en especial la de la inmunidad frente a la acción de la justicia. Individuos convencidos de poseer un estatus de naturaleza distinta, concedido por una vaga sugestión de hegemonía ideológica y social anclada en meras ínfulas narcisistas. Se llama corrupción, encaje o no en alguna figura penal predefinida. Y es el síntoma de una enfermedad democrática degenerativa.