La creación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía, la UDEF, fue obra del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La puso en marcha José Antonio Alonso, “Toño”, magistrado, portavoz entre 1994 y 1998 de Jueces para la Democracia y después vocal del Consejo del Poder Judicial, hasta que en 2004 se presentó como candidato del PSOE a las elecciones generales de aquel año. Un buen tipo. Cuando dejó la política decidió volver a su puesto de magistrado en la Audiencia Provincial de Madrid, donde permaneció hasta su fallecimiento en 2017. 

Fue con Toño Alonso como ministro del Interior cuando se montó la UDEF. Estamos en 2005, y el gobierno socialista tenía la oportunidad de cumplir con la promesa de reactivar la lucha contra la corrupción. El momento era además propicio para sus intereses: en los años anteriores los más preeminentes escándalos estaban relacionados con el Partido Popular. Fue aquella UDEF primigenia la que investigó y puso al descubierto tramas de financiación ilegal y enriquecimiento ilícito de personajes vinculados a la derecha: Gürtel, Púnica, Lezo, Bárcenas, Taula…

Un ‘monstruo’

Diez años antes, 1994, otro ministro del Interior socialista, Juan Alberto Belloch, también juez de carrera, había hecho algo similar. Con dos notables diferencias: a la que había que poner freno era a la corrupción que afloró en la última etapa de los gobiernos de Felipe González; y el instrumento creado ya existía: se llamaba Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y había sido creada durante la etapa de José Barrionuevo como titular del departamento. Tras el escándalo protagonizado por el entonces director de la Benemérita, Luis Roldán, Belloch abordó una reestructuración que rebajaba el poder del aparato central del Cuerpo y dotaba de mayores medios a unidades de investigación no contaminadas. Como la UCO.

Hoy, en la UDEF y en la UCO trabajan más de un millar de agentes y otros profesionales, entre ellos muchos universitarios. Economistas, auditores de cuentas, especialistas en ingeniería fiscal y tributaria, analistas de datos, expertos en rastreo de criptoactivos… Un “monstruo”, dicen algunos abogados. Esta, la de no pocos abogados, es una opinión bien curiosa: se quejan de que son los guardias civiles y policías los, en muchos casos, verdaderos instructores de la investigación. Y algo hay de cierto, pero convendría matizarlo.

Tribunales sobrecargados de trabajo, sin el personal necesario; jueces que no dan abasto, y que en ocasiones tienen que confiar en el buen criterio del inspector, el capitán o el teniente que lleva el caso. No siempre brilla la ortodoxia procedimental. Pero no es eso lo extraño. Lo extraordinario es que, a pesar de todo, la limpieza de las investigaciones se ajuste mayoritariamente a estándares garantistas. En España hay 12 jueces por cada 100.000 habitantes. En Alemania 24. Nada extraño. La desconfianza en la Justicia, el choque de los gobiernos con jueces y magistrados ha sido una constante de nuestra democracia. 

¿Poder excesivo o contrapeso imprescindible?

Se diría que el Poder Ejecutivo llegó hace mucho tiempo a la conclusión de que era mucho más complicado controlar a individuos con plaza asegurada de por vida en los juzgados que a profesionales con uniforme fuertemente jerarquizados. Y aquí está el resultado, señores abogados. Tribunales poco operativos, Justicia lenta e ineficaz. El control del aprovisionamiento de medios como mecanismo indirecto de presión e influencia. Y policías y guardias civiles con un poder agregado y utilizado por lo general para contrabalancear la báscula de una Justicia premeditadamente descompensada. 

El monstruo ha crecido, y ya no hay modo de desmontarlo. Ni hablando de protagonismo excesivo o de proactividad “tóxica”; ni buscando alterar, como procedimiento de urgencia, los criterios que regulan ascensos y promociones para colocar en los puestos de mando no a los mejores sino a los más cercanos. Puede que la UCO y la UDEF tengan un poder excesivo, que la supervisión de la actividad de jueces y magistrados siga sin ajustarse plenamente al espíritu y a la letra de la Constitución, como ha dejado escrito un ilustre catedrático. Pero hoy no es el Gobierno, ni son los partidos, sino los tribunales y las Fuerzas de Seguridad del Estado, también con sus excesos y miserias, las instituciones que evitan que esto se venga abajo.

El 2005 Rodríguez Zapatero hizo lo que tenía que hacer. Veinte años después, los ciudadanos quizá debiéramos al menos reconocerle el mérito de haber contribuido a que el sistema, en un expresivo ejemplo de justicia poética, pueda permitirse sentar en el banquillo a todo un expresidente del gobierno.