Durante el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, en Managua, Daniel Ortega (presidente de Nicaragua) anunciaba la muy democrática medida para evitar la sana y deseable, en un Estado de derecho, alternancia política: «aquí no volverá a haber elecciones». Se explicitaba así lo que ya era sabido: que Nicaragua no es una democracia. Ya resultó evidente que no lo era cuando tuvieron lugar los sucesivos fraudes electorales, denunciados una y otra vez por organismos internacionales, desde las municipales de 2008, tras la llegada de Ortega al poder en 2007. O cuando en 2021 fueron encarcelados siete aspirantes presidenciales de la oposición antes de las elecciones e incluso la UE llegó a calificar el proceso como tan completamente falso que ni siquiera valía la pena enviar a observadores. La reacción internacional no se hacía esperar: Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, acusaba a Ortega de mostrar por fin su «verdadera naturaleza autoritaria»; Albert Ramdin, secretario general de la OEA, apuntaba que esta declaración «oficializa lo que las acciones del régimen venían demostrando» y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificaba estas palabras como «incompatibles con los principios de la democracia representativa». El Grupo de Puebla, por lo que sea, todavía no se ha pronunciado al respecto. Y ni Pedro Sánchez ni los del pecio político de aquello que se llamó Podemos, tan preocupados ellos por el Derecho internacional hasta hace no tanto, han encontrado un minuto para condenar el autogolpe. Urgía más politizar una victoria deportiva. Pero, a lo que vamos, esta declaración oficial del fin del método democrático lo único que hace es certificar la ya demostrada inexistencia del necesario compromiso con el ideal democrático, abandonado así lo único que quedaba al país de democrático: la mera apariencia. Es sintomático el hecho de que el presidente, ya totalitario por definición, asegurase que tal medida se tomaba para evitar que los opositores intentaran «atrapar el Gobierno, atrapar el poder» y anunciara que se aprobarían leyes para «poner un muro, un bloqueo a los golpistas y traidores» (¿les suena de algo esto del muro?). Y es que los golpistas siempre son los otros, nunca uno mismo. Ortega llama golpistas, paradójicamente y como justificación, a aquellos que intentan competir por el poder mediante elecciones limpias. Mientras, sin ningún disimulo y a ojos de todos, ejecuta el único golpe real en esta ecuación, atentando contra la propia posibilidad de alternancia. Queda claro que ya no se necesitan tanques ni armas para acabar con una democracia. Basta con que alcance el poder mediante el propio método un demócrata sin ideal democrático que decida, con la legitimidad que le otorgan las urnas, que estas dejen de existir. Ese es ahora el verdadero peligro.