Editorial-El Correo
Las consecuencias de los incendios en Ávila, Madrid, Toledo, Castellón y otras provincias, con alrededor de 180.000 afectados en la feroz oleada de los últimos días, son devastadoras. Solo en 2026 ya se han calcinado 170.000 hectáreas, seis veces más que en el mismo periodo del año anterior; el siniestro de Burgohondo ya es el más grave de la historia de España. El decreto que aprobará hoy el último Consejo de Ministros del curso, a instancias de Yolanda Díaz, para habilitar un permiso por el que trabajadores afectados por los fuegos puedan ausentarse de su puesto percibiendo su salario íntegro y el plan urgente de vivienda con 30 millones comprometido por la Comunidad de Madrid para los damnificados constituyen dos medidas paliativas para un destrozo mayúsculo. Iniciativas que exigen, además de su adopción, un despliegue ágil y eficaz para que su anuncio no se quede en un mero letinitivo ante el padecimiento por el presente y el futuro de tantas familias. Cada circunstancia sobrevenida exige a las instituciones una respuesta ajustada y acorde. Pero ello no hace más que subrayar la imperiosa necesidad de perfeccionar los mecanismos de prevención para no tener que seguir lamentando tanta pérdida.