Pero el discurso choca con una arquitectura jurídica pensada para flujos previsibles, no para entradas masivas por vía marítima.

¿Está Europa preparada para gestionar una presión migratoria híbrida que combina redes de tráfico, cambios de doctrina judicial y cálculo geopolítico? La experiencia de Ceuta sugiere que no del todo.

La doctrina del Supremo es rigurosa y merece explicarse sin el recurso fácil a la caricatura. El régimen especial de Ceuta y Melilla sólo opera, según la Sala de lo Contencioso-Administrativo, cuando existe un elemento físico de contención (valla o muro) que el inmigrante supera.

El mar, en cambio, no retiene, sólo se vigila. Es una interpretación garantista, coherente con la jurisprudencia constitucional de 2020 y 2021, y no cabe atribuir a los magistrados una intención distinta de aplicar la ley escrita.

El problema no es la sentencia, sino que la ley no se ha actualizado para un fenómeno que ya no tiene nada de marginal. Ceuta es hoy una ciudad de 80.000 habitantes en la que han entrado 2.000 inmigrantes en diez días, y que tutela a 472 menores, dieciséis veces su capacidad ordinaria.

Resulta inevitable, además, que la coincidencia temporal entre este vacío operativo y el reciente viaje de Pedro Sánchez a Argelia, el gran enemigo de Marruecos, alimente preguntas en la opinión pública sobre una posible relación causal.

Cuando un Gobierno recompone su política exterior en el Magreb en las mismas semanas en que su frontera sur se desborda, la respuesta institucional sensata es la transparencia total sobre lo que se negocia y con quién.

Lo ocurrido en el Tarajal ilustra el cambio de naturaleza del fenómeno. Además de todos los que llevan una semana llegando a nado cada día a Ceuta, miles de marroquíes se concentraron junto a la valla, y cientos accedieron a pie por un tramo que, según fuentes de la Guardia Civil, no estaba custodiado en ese momento.

Mientras, las fuerzas auxiliares marroquíes se retiraban a su paso.

Hablamos, en su inmensa mayoría, de hombres jóvenes y saludables, informados sobre el cambio jurídico y capaces de coordinar sus travesías con precisión casi logística. No parece una multitud desorientada que huye sin rumbo, sino más bien un grupo numeroso de personas que conoce dónde existe una oportunidad y cómo aprovecharla.

Eso no significa que ninguno huya de una persecución real, sino que detrás de estos movimientos de presión aguda y desestabilizadora existen redes de información (y de tráfico) muy eficaces.

Rabat ha negado responsabilidad y ha atribuido la oleada a «organizaciones criminales».

Esa explicación puede ser parcialmente cierta, pero no despeja la pregunta de fondo: ¿hasta qué punto ejerce Marruecos, y hasta qué punto retira deliberadamente, el control que tiene sobre su propia frontera?

No hace falta hablar expresamente de invasión para reconocer que, cuando un Estado decide cuándo vigila y cuándo relaja sus controles, convierte la inmigración en un instrumento de presión de su política exterior, como ya ocurrió en 2021.

Horas después de esas imágenes, España y Marruecos anunciaron un acuerdo para agilizar la entrega de quienes han entrado ilegalmente en Ceuta. Interior calificó de «ejemplar» la colaboración marroquí, y Marlaska agradeció a Rabat haber impedido miles de intentos de entrada irregular.

Aunque ya lo hayamos visto antes, es difícil conciliar ese elogio con las propias imágenes de la mañana, en las que agentes marroquíes dejaban paso al alud de personas concentradas en el paso.

Marruecos puede contener buena parte del flujo y dejar pasar otra, es cierto. Es un patrón conocido y funcional para el país vecino.

Pero la distancia entre el relato oficial y lo que muestran las cámaras es, en sí misma, motivo de honda preocupación.

Se trata de una evaluación basada en las capacidades reales de la ciudad. A la reclamación por parte del presidente de Ceuta de una declaración de emergencia nacional y un mando único, le siguió una respuesta de Interior descartando la fórmula, reservada por ley a riesgos naturales.

Ha tenido que ser la Junta de Portavoces, con respaldo unánime de todos los grupos, quien corrija y aclare al ministerio que la petición se refiere a la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional de 2015, incluyendo refuerzo de las Fuerzas de Seguridad, despliegue del Ejército y cierre del paso del Tarajal.

Cuando el ministro Marlaska aterrice en Ceuta veremos si se da la respuesta jurídica y policial requerida para la situación.

El acuerdo con Marruecos para agilizar la devolución de las personas que han entrado hoy en tromba por tierra no basta.

A mi juicio, hace falta, como mínimo, reformar con urgencia la Ley de Extranjería, extendiendo el régimen especial de rechazo en frontera (hoy limitado a quien supera un elemento físico de contención) a las interceptaciones en aguas próximas a las instalaciones fronterizas, con las mismas garantías judiciales que exige el Tribunal Constitucional, de modo que sea el legislador, y no cada sentencia sucesiva, quien cierre el vacío que hoy explota la propia naturaleza del mar.

Es imperativo activar mecanismos europeos de emergencia que impliquen formalmente a Frontex, porque lo que se desborda en Ceuta es, literalmente, una frontera de la Unión. Además, necesitamos estudiar sistemas de contención marítima compatibles con el Derecho europeo, y, por supuesto, exigir a Marruecos una colaboración que se verifique con hechos, no sólo con elogios.

A ello debe sumarse la devolución efectiva de menores a sus familias cuando pueda garantizarse su interés superior, y un reparto de responsabilidades entre los Veintisiete que deje de descansar en exclusiva sobre una ciudad de 40.000 metros cuadrados.

Porque la cuestión hace mucho que ha dejado de ser cuántas personas pueden llegar a Ceuta a nado o a pie. Lo que está en juego es si la Unión Europea está dispuesta a dotar de coherencia jurídica, política y operativa al límite exterior que afirma compartir. Porque una frontera común deja de serlo cuando la responsabilidad de defenderla recae casi en exclusiva sobre quienes viven en ella.