Tonia Etxarri-El Correo
Cuando todavía resuena el eco de las felicitaciones de Europa a España y Marruecos «por haber superado la prueba», Ceuta sigue desbordada. Muy lejos de la normalidad. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, va sorteando esta crisis con el mismo cuajo que exhibió con los incendios o cuando negó categóricamente que la directora de la Guardia Civil se hubiera reunido con la ‘fontanera’ Leire Díez. Sostiene que, de los 72.000 inmigrantes, quedan unos 2.000 en la ciudad autónoma. Un dato desmentido por el presidente Juan Jesús Vivas, conocedor del terreno como nadie y sufridor de esta crisis migratoria sin precedentes, quien asegura que pululan, todavía, 6.000 inmigrantes indocumentados y que ayer aprovechó los focos de televisión para pedir «socorro» al resto del país.
Con la resaca de la avalancha afloran las necesidades más apremiantes, como la acogida de los menores que se han quedado en territorio español (y, también, europeo ¿no? ). La cuestión está en cómo se reparten entre las comunidades autónomas. De inmediato brota la pregunta talismán en la que se va a apoyar el Gobierno de La Moncloa en los próximos meses teniendo en cuenta el horizonte electoral que nos aguarda en primavera. ¿Va a colaborar el partido de Feijóo con el reparto de menas en las once comunidades autónomas que preside? ¿Qué margen va a tener donde cogobierna con Vox? Un caramelo para el Gobierno, que necesita desviar la atención sobre su criticada falta de previsión ante la avalancha de inmigrantes jamás vista. Total, son cosas que ocurren «y no necesariamente tiene que haber responsabilidades». Marlaska dixit. Con un par.
Pero las comunidades aludidas se oponen a resolverle la papeleta a un Gobierno que no ha sabido encarar el problema de la inmigración. Parches, no. Gracias. Pero no solo es un pulso entre el Ejecutivo y la derecha porque los nacionalistas han dicho lo suyo. En los últimos turnos de reparto obligatorio de cupos, Euskadi y Cataluña ya quedaron exentas porque sus sistemas de acogida estaban sobretensionados. El nivel de ocupación en centros de menores era superior a su ratio básica ( 32’6 plazas por cada 100.000 habitantes) .
Ahora, el Gobierno vasco pide un plan estructural de migración. Repatriar y no repartir. Ese fue, precisamente, el principal reclamo del PP cuando se negó a apoyar la reforma de la Ley de Extranjería por la ausencia de un proyecto integral. Y Junts ha doblado la apuesta apartándose del lenguaje diplomático. Nogueras sabe que el estilo de las amenazas es más eficaz si se trata de presionar a Pedro Sánchez. Al avisar que no le darán ni un voto más si Cataluña no queda fuera del reparto de menores de Ceuta le está recordando su aspiración de asumir las competencias estatales en inmigración.
Las consecuencias de esta crisis no se van a diluir como una ola en el océano. Así es que, tras el enésimo reparto de menas, habrá que afrontarla de raíz. Una vez comprobado que la política de apaciguamiento no consigue amansar a la fiera alauita, que volverá a promover nuevos asaltos en su próximo brote de delirios invasores, el Gobierno tendría que cambiar de estrategia. Dejar de inhibirse, ser adulto y mostrarse capaz de defender los intereses del Estado democrático.
España no puede volver a pasar por una situación tan humillante.