El regreso al país vecino de la inmensa mayoría de los indocumentados -activamente encauzado por el refuerzo policial y militar y un ambiente hostil- permitió asomarse al balance de un episodio trágico. Los forenses aún trabajan en la identificación de los más de cien fallecidos cuando nadaban hacia territorio español. Miles de marroquíes y subsaharianos permanecen en las calles de Ceuta; terminarán expulsados pero, entretanto, precisan asistencia básica y cobijo de la intemperie. La falta de recursos para hacer frente a la avalancha humana en una ciudad de 85.000 habitantes se vuelve más dramática para el millar de menores no acompañados que ya encontraron saturado el centro de estancia temporal.

Según la reforma de Extranjería en vigor desde hace un año, estos chicos y chicas deben ser distribuidos entre el resto de comunidades autónomas. Como ya ocurrió en la emergencia de Canarias en 2024, la actual crisis humanitaria no se libra de que instituciones y partidos anticipen su preocupación, objeciones u oposición frontal a la acogida antes siquiera de conocer un plan del Gobierno central que se está haciendo esperar. La situación resulta tan inoportuna para los ejecutivos que comparten el PP y Vox que responden con el ineludible compromiso de «cumplir la ley», aunque se opondrán a recibir a los menores «por todos los medios jurídicos y políticos». La preferencia de la consejera Melgosa por que los ahora desamparados «vuelvan con sus familias» prolongaría en el tiempo una coyuntura que requiere una solución urgente.

Una semana después del sobresalto, Ceuta quema. La atención que la Guardia Civil concede además al «riesgo real» de otra entrada masiva el 15 de agosto acredita el miedo al poder incontrolado de las redes sociales. Y sobre todo a la vulnerabilidad que supone la dependencia de un Estado vecino que maneja el flujo en la frontera según sus intereses y se sabe protegido por la cautela de España y el resto de Europa.