La avalancha migratoria de Marruecos hacia Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio ha reabierto el debate migratorio en toda la Unión. No se trata sólo de las implicaciones geopolíticas hacia terceros países como Marruecos, sino sobre la propia política de inmigración en el seno de las fronteras de la UE y la movilidad que estos pueden ejercer gracias al Espacio Schengen.

El Pacto sobre Migración y Asilo, que es la hoja de ruta de la Unión en la materia, terminó de entrar en vigor completamente el pasado 12 de junio, aunque se adoptase en 2024 tras muchos años de intensas negociaciones en el seno de la Unión Europea. El texto pareció quedarse obsoleto poco después de lograr luz verde ante el endurecimiento de políticas migratorias que varios países, incluyendo varios liderados por gobiernos de izquierdas, acometieron en los meses siguientes. A ello se suma la negativa de otros miembros a participar en los mecanismos de solidaridad, de reubicación de inmigrantes, prefiriendo pagar la compensación económica en lugar de asumir su cuota migratoria.

Así, la propia Comisión Europea propuso en marzo de 2025 un nuevo Reglamento de Retorno que permite crear centros de deportación fuera de Europa para solicitantes de asilo rechazados y amplía los supuestos de detención sin control judicial pleno. Al mismo tiempo, otros Estados han introducido restricciones a la reagrupación familiar de refugiados para frenar esta vía de entrada.

En este clima, el Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado sistemáticamente este tipo de iniciativas y puso en marcha una regularización masiva cuyo número de solicitudes ha más que duplicado las previsiones públicas admitidas por el Ejecutivo.

Por todo ello, repasamos cuál es el número de los extranjeros en la UE y en España, las cifras de inmigrantes regulares e irregulares y los procesos de regularización recientes tanto en el bloque comunitario como en España.

Habitantes nacidos en el extranjero

Según los datos más recientes de Eurostat, correspondientes a 1 de enero de 2025, 46,7 millones de personas que viven en la Unión Europea lo hacen fuera de su país de origen, lo que supone el 10,4% de la población total. De estos, 30,6 millones nacieron fuera de alguno de los países de la Unión Europea, mientras que 18 millones viven en otro país de los Veintisiete.

En cifras porcentuales, España no destaca en la lista de países donde residen más nacidos fuera, puesto que ocupa la novena posición en la tabla, con un 19,3% del total de habitantes. Sí resalta, sin embargo, en datos nominales, puesto que a inicios de 2025 eran 9,46 millones de personas nacidas fuera de España las que nacieron fuera de sus fronteras, un dato en el que sólo se ve batida por Alemania, con 17,1 millones nacidos en el extranjero, y Francia, que supera ligeramente con 9,63 millones.

El país de la UE con más residentes nacidos fuera es Luxemburgo, con más de la mitad de su población (51,5%), si bien el 32,5% del total son ciudadanos comunitarios. El Estado con mayor porcentaje de residentes nacidos fuera de países del bloque es Malta, con un 24,6%, aunque la cuantía total es de poco más de 140.000 ciudadanos.

Caída de llegadas irregulares en 2026

Durante el primer semestre de este año 2026, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, conocida como Frontex, ha detectado un 37% menos de intentos de cruzar irregularmente a algún país de los Veintisiete, con un total de 49.000 intentos en los primeros seis meses del año. Sin embargo, de las siete rutas computadas por Frontex, la única que vio incrementada su afluencia durante el primer semestre con respecto al mismo periodo del año previo es la del Mediterráneo occidental, es decir, la que conecta el norte de África con la costa peninsular española, las ciudades autónomas o Baleares, donde apreciaron un incremento del 17% con 7.860 intentos de entrada irregular. «Argelia siguió siendo el principal país de salida y las Islas Baleares fueron el destino más elegido, representando casi la mitad de todas las llegadas en la ruta», indica la información de la Agencia.

Además, Frontex aludía a un «cambio en las rutas de contrabando» y al incremento del control por parte de Marruecos, justificando que se hayan aumentado el número de salidas desde Argelia. Cabe recordar que las cifras y las conclusiones corresponden al primer semestre, antes del asalto masivo a Ceuta.

En cuanto a las cifras de menores no acompañados que estaban identificados por los estados en 2025 y no presentes en el sistema de asilo, Italia lideraba la tabla con 17.011 menores, seguido de cerca por España con 15.396, si bien nuestro país presenta más chicas menores, con 2.615 frente a 1.934 en Italia. En un lejano tercer lugar se sitúa Francia, con 9.981 menores no acompañados.

En lo concerniente exclusivamente a España, los datos recogidos por el Ministerio del Interior sobre los primeros siete meses completos del año, se apuntaba una caída del 15,7% del total de entradas irregulares en las vías marítima y terrestre a territorio nacional, con 17.097 en lo que va de año. Sin embargo, como indica el propio informe, no están aquí computadas las entradas a Ceuta de los días 30 y 31 de julio, que el ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska, ha elevado a 72.000 en una comparecencia esta misma semana.

 

Pese a ello, antes de la llegada masiva a Ceuta ya se registraba un notable incremento de inmigrantes irregulares que habían accedido a la ciudad autónoma. Con datos entre el 1 de enero y el 30 de junio, un total de 2.582 personas habían sido detectadas entrando en el territorio español norteafricano, un 164% más que en el año anterior.

En un documento del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Ejecutivo español se jactaba hace pocos meses de que el Reglamento de Extranjería aprobado en 2025 «refuerza las vías regulares, seguras y ordenadas«, y que «el 95% de las personas migrantes llegan ya por estas vías».

La inmigración regular en la UE

En la comparativa más reciente ofrecida por Eurostat, correspondiente al año 2024, España encabezó la tabla sobre el número total de inmigrantes regulares llegados a territorio nacional, con 1.288.600 personas, seguida por Alemania (1.078.500 personas), Italia (451.600) y Francia (438.600).

En el caso español, la mayoría provenían -no quiere decir que fuesen nacionales- de Colombia (13,4%), Marruecos (10,3%) y Venezuela (8,3%). A Alemania llegaron principalmente desde Ucrania (17,9%), Rumanía y Turquía (6% ambos), mientras que a Italia provinieron de Bangladesh (6,8%), Albania (6,2%) y Ucrania (5,7%).

Concesión de ciudadanía y permiso de residencia

Entre 2014 y 2024, más de 9,2 millones de personas han recibido la ciudadanía en la Unión Europea. Italia se la concedió a casi 1,8 millones, seguido de España por 1,67 millones, y de Alemania, por casi 1,6 millones. Cabe recordar que el actual proceso de regularización en España ha recibido 1,17 millones de solicitudes que, aunque no les concede la ciudadanía, sí les otorga una autorización de residencia y trabajo por un año.

En el último año computado, 2024, España fue el segundo país que más nacionalizaciones concedió, con el 21,4% del total, el equivalente a otros 22 estados de la UE. Fue principalmente a marroquíes (42.900), venezolanos (35.400) y colombianos (26.200). El perfil mayoritario fueron mujeres (56%) menores de 14 años (24,6%), si bien la edad media a quien se concedió la ciudadanía española fue de 32,3 años.

En cuanto a los permisos de residencia, el conjunto de la Unión Europea concedió 4,6 millones en 2024, de los que el 67,6% fueron extensiones de permisos previos. Entre Portugal (26,4%), Francia (21,6%) y España (14%) concedieron casi dos tercios del total de permisos en 2024, con España otorgándoselo a 644.194 personas.

Concesiones de asilo

En el caso de las concesiones de asilo, los datos disponibles pertenecen al año 2025. En el conjunto del bloque comunitario, en el pasado año se valoraron más de un millón de peticiones, de las que sólo se concedieron a 361.325 solicitantes, en cualquiera de las formas de protección que recoge la UE. Así, de las concedidas, al 51% se le otorgó la condición de refugiado, al 25,3% el asilo humanitario y al 23,7% la protección subsidiaria.

España se situó como el segundo país que más solicitudes dio por buenas en 2025, con 72.930 personas, ligeramente por encima de Francia y a bastante distancia de Alemania, que superó las 100.000.

Según las cifras del Informe Anual del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes 2025, presentado el pasado mes de julio, en España se resolvieron 160.586 solicitudes de protección el año pasado, otorgando alguna de las vías de protección en el 46% de los casos resueltos. Los ciudadanos con mayor tasa de éxito en este aspecto fueron los venezolanos (98,78%), malienses (98,39%) y burkineses (96,65%). España concedió el estatuto de refugiado a 7.838 personas.

Además, España fue el tercer país de la Unión en número de solicitudes presentadas, como más de 144.000, en su mayoría por nacionales de Venezuela (60%), seguida de lejos por los procedentes de Mali y Colombia.

La regularización de inmigrantes en la UE

Entre 1996 y 2008, 20 de los 27 Estados de la Unión Europea aplicaron mecanismos de regularización, mediante el que se estima que se concedió a entre 5,5 y 6 millones de personas, según un estudio de 2009 del International Centre for Migration Policy Development. En esa década, sólo Italia regularizó a más inmigrantes que España (1,45 millones frente a 1,31 millones).

Desde 2005, numerosos países de la UE han acometido procesos de regularización de inmigrantes. La multitud de casos, requisitos y derechos otorgados hace imposible desarrollar aquí todos ellos, pero baste decir que los países del sur de Europa han sido los más recurrentes en este tipo de políticas. España sólo ha realizado dos (2005 y el que está en marcha en 2026), pero son los dos que más personas han regularizado.

Así, Italia y Grecia han realizado cuatro procesos cada uno en las últimas dos décadas, con características muy variadas. En el caso italiano, sumaron más de un millón de solicitudes y en el griego, unas 250.000.

Por su parte, la mayoría de Estados del centro, norte y este de la UE sólo aplicaron programas pequeños de normalización, muy restringidos a apenas unos miles de personas.

Las regularizaciones previas en España

Las regularizaciones masivas en España se vienen produciendo desde la incorporación a la Comunidad Económica Europea. Así, ya en 1985 se concedieron 38.294 regularizaciones a quienes probaron el arraigo antes de que acabase el mes de julio de aquel año.

Las otras dos regularizaciones aprobadas por el Gobierno de Felipe González, en 1991 ligado a la adhesión al Espacio Schengen y en 1996 para incorporar de forma explícita el concepto de arraigo, incluían el requisito de tener una oferta de empleo estable o haber contado con permiso de trabajo o residencia previos. En el primero se concedieron 114.423 regularizaciones, mientras en el segundo, ejecutado ya con Aznar en la Moncloa, fueron 21.294.

El Ejecutivo de Aznar realizó dos regularizaciones consecutivas en los años 2000 y 2001, con 503.327 inmigrantes regularizados entre ambas. Mientras la primera exigía haber tenido permiso de trabajo o de residencia en los tres años previos o haberlo solicitado, la segunda ampliaba el rango para quienes pudieran acreditar arraigo ya sea por incorporarse al mercado de trabajo o por vínculos familiares con españoles o extranjeros ya residentes, entre otros.

La mayor por cifras y más polémica, hasta la de 2026, fue la ejecutada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005. En este caso, era el empleador quien debía presentar la solicitud, por la que el inmigrante beneficiado debía tener contrato de trabajo y llevar seis meses empadronado, estando así empadronado en la Seguridad Social. Fueron 576.506 inmigrantes quienes obtuvieron su regularización en aquel momento, destacando los venidos de Ecuador y Rumanía.

Si el entonces ministro Jesús Caldera defendió que suponía «uno de los mayores procesos de exponer la economía sumergida en Europa de los últimos cuarenta o cincuenta años», el PP hablaba de una regularización «caótica» y una «política de puertas abiertas» sin parangón en el continente.

Además, las críticas de los socios comunitarios fueron públicas y notorias. La Comisión Europea ya había advertido en 2004 que «las regularizaciones no deberían considerarse una forma de gestionar los flujos migratorios (…). Deben evitarse o limitarse a situaciones muy excepcionales», un requisito que no se cumplía en aquel momento, a juicio de varios países del bloque.

Como a Sánchez, la presidencia de Zapatero coincidió con el liderazgo de formaciones de derecha en los principales países del entorno. Desde Francia, Nicolas Sarkozy recordó la regularización gala de 1997 advirtiendo de que «incrementó por cuatro el número de refugiados«, mientras que otros países como Alemania, Países Bajos o Italia advirtieron de que se podía producir un ‘efecto llamada’ y que, una vez regularizados, los inmigrantes podrían moverse con libertad por el Espacio Schengen.

La regularización española de 2026

El Gobierno español de Pedro Sánchez justificó hace meses una nueva regularización masiva señalando que serviría para «garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad existente», un proceso que «dignifica a quienes ya viven entre nosotros«.

Para ser regularizado, el Real Decreto exige que el inmigrante no tenga antecedentes penales, haber residido en el país antes de finalizar 2025 y la permanencia continuada de al menos cinco meses en España, aunque los solicitantes de protección internacional están exentos de este último requisito.

Como ya ocurriese con la promovida por Zapatero, la medida fue ampliamente cuestionada por varios de los socios de la UE, subrayando que no se había consultado a los países miembro ni tenido en cuenta el impacto que la regularización podría tener sobre ellos, especialmente por la movilidad dentro de las fronteras comunitarias derivada del Espacio Schengen. Así ocurrió, por ejemplo, durante la cumbre del Consejo Europeo de junio, donde Sánchez fue interpelado por la cuestión por la primera ministra italiana y su homólogo belga, Giorgia Meloni y Bart de Wever, ambos del espectro de la derecha, pero también por la primera ministra danesa, la socialista Mette Frederiksen.

Antes de la aprobación de la medida, en febrero, el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, había advertido de que «cada Estado miembro debe garantizar que sus decisiones no tienen consecuencias negativas en otras partes de la Unión Europea».

La soledad europea de Sánchez en política migratoria se ve agravada por la negativa de su Gobierno de respaldar la creación de centros de deportación de migrantes en países extracomunitarios, una iniciativa que el Ejecutivo italiano de Giorgia Meloni puso en marcha hace años gracias a sus acuerdos con Albania y sobre la que España fue la única en votar en contra durante el Consejo de ministros de Interior en diciembre de 2025.