El saldo de once policías heridos (nueve ertzainas y dos agentes locales) en el breve periodo de seis horas en Vitoria, Eibar y Mondragón responde a unos cánones de conducta de pérdida de respeto a las normas cívicas de convivencia. No por casualidad el Centro Memorial de Víctimas denunciaba, en su informe anual, que la campaña de acoso a la policía comenzó con una estrategia calculada de tensiones programadas hace más de un año. Episodios que se van pareciendo a los del terrorismo callejero, que nos recuerdan tanto a la ‘kale borroka’.

No por ser altercados atribuidos a una «minoría», como los califica el Departamento de Seguridad, deben dejar de preocuparnos. El clima de hostigamiento y acoso contra las fuerzas policiales está dejando un poso de sensación de inseguridad. Como reacción, el miedo, y como consecuencia, la mordaza a la libertad de movimientos. Si la Ertzaintza se queja de abandono por falta de respaldo institucional, ¿cómo nos vamos a sentir los ciudadanos que delegamos en la Policía la seguridad de nuestra convivencia?

Estas agresiones no son una anécdota sino una señal de alarma. Son mucho más que trifulcas de borrachera. La Ertzaintza necesita más medios. Cierto. Pero, para dotarles de más apoyo, hay que tener clara la teórica. Pensar en una Policía todo lo comunitaria y preventiva que se quiera, sí, pero también, coercitiva. Si las leyes han rebajado el nivel de tolerancia para los delincuentes, la población se sentirá más desprotegida.

Cuando se apruebe la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, suscrita por PSOE y Bildu, y apoyada por PNV, Sumar, ERC, Junts Podemos y BNG, los insultos o injurias contra la Policía pasarán a ser solo una falta leve. Si el sancionado se disculpa, aquí paz y después gloria. La falta se cancelaría. Es un ejemplo. El PNV, durante la tramitación de esa norma, defendía que no se podía rebajar el principio de autoridad policial. Pero en Bilbao, cuando el Ayuntamiento acordó la extensión del pacto, evitó cualquier debate incómodo sobre el principio de autoridad, según recuerda la popular Esther Martínez.

Queda en nuestra memoria reciente la queja del consejero Bingen Zupiria cuando la Policía Nacional detuvo a dos presuntos agresores de un aficionado de La Roja al que patearon después de tirarlo al suelo antes de acudir a ver la final en la pantalla gigante que el PP instaló en el parque bilbaíno de Doña Casilda. Más preocupado por el conflicto competencial (le pareció «inaceptable» que hubiera sido la Policía Nacional quien practicara las detenciones) que por la necesidad de castigar a los violentos. Hay que estar en lo importante. Frente a los agresivos, parapetados tras las pancartas más variopintas (hoy, contra el imperialismo, mañana contra el fascismo, el jueves contra Israel y siempre contra España), la ley tiene que defender a los ciudadanos. No se puede ser tibio contra la violencia. La deslegitimación de las instituciones democráticas está en juego.