Constituye un ejercicio de cinismo intolerable que las autoridades marroquíes se permitan ahora censurar las políticas migratorias españolas, asegurando que quieren tener de vuelta a todos sus menores desplazados, cuando utilizan a conveniencia diplomática esa presión social y se muestran incapaces de ofrecer a sus nacionales un porvenir homologable en derechos y bienestar. Esto hace más inasumible, cada día que pasa, la pleitesía del Gobierno de Sánchez. Pero ambas constataciones no orillan el perentorio desafío humanitario: atender con garantía a esos menores lanzados a un destino incierto en una Ceuta que necesita sentir la solidaridad de sus compatriotas.

La parálisis que transmite el Ejecutivo, que no puede desentenderse de su responsabilidad intransferible para que Marruecos asuma la suya propia y mayor, desincentiva un plan consensuado con las comunidades si estas han de asumir de forma compartida el drama que afrontan los ceutíes. Es preciso que sea el presidente quien tome las riendas de una crisis que amenaza con cronificarse. Pero, de nuevo, esta evidencia no descarga al resto de representantes institucionales de hacerse partícipes en la atención a los más vulnerables mientras se explora un camino seguro para que regresen con sus familias. Errará el PP si supedita su carácter de partido estructural del Estado a la deriva excluyente de sus socios de Vox. Y errarán los distintos gobiernos autonómicos si anteponen sus cuitas, ciertas o exageradas, a lo que es, sobre todo, una emergencia de consecuencias colectivas.