Bingen Zupiria defiende el dispositivo diseñado para el 19 de julio porque la Ertzaintza practicó arrestos e investiga a cincuenta implicados en la violencia. Pero incurre en tremendismo cuando explica que descartó «llenar el país de policías» y se felicita de que la instalación de pantallas públicas «en su mayor parte se desarrolló con normalidad». No en el bilbaíno parque de Doña Casilda, adonde se dirigieron radicales amparados en la marcha por la Euskal Selekzioa; una convocatoria protegida, sí, por el derecho a la libertad de expresión y manifestación que invoca el consejero. Y, según se vio, expuesta al aprovechamiento de los que quieren perturbar la convivencia.

Cabe lamentar que las disfunciones en un ámbito tan sensible como la protección del orden público no encuentren acomodo en los foros de coordinación. Más si, como sostiene Zupiria, son recurrentes y los considera inspirados por «altos mandos» de las fuerzas de seguridad del Estado «que pretenden alterar el sistema vasco de seguridad y tener una presencia mayor que no les corresponde». La petición de respto a las competencias propias no impide al responsable autonómico hurgar en las de otros cuerpos que «no trabajan lo que deberían». La ciudadanía asiste al conflicto institucional con hartazgo y preocupación por los estallidos violentos que buscan rédito político en competiciones deportivas o fiestas populares. Combatir estos comportamientos es lo que refuerza la legitimidad de la Ertzaintza, que antes se beneficia de la eficacia percibida que del discurso autocomplaciente.