A acercarse al crecimiento constante de las faltas en los últimos años no ayuda que ni el Estatuto de los Trabajadores defina qué es absentismo. Tampoco contribuye a la claridad en el análisis que las cifras incluyen en un mismo saco ausencias por baja médica, permisos por nacimiento o cuidado de menor, huelgas o incomparecencias sin razón justificada y eventualmente fraudulenta; estas última difíciles de cuantificar, pero con capacidad para contaminar el ejercicio de los derechos laborales en algunos discursos políticos.

Los últimos informes señalan que 1,6 millones de empleados se ausentan cada día de su responsabilidad. La media nacional se sitúa en un 7,6%, tres décimas más que en 2025, y comunidades autónomas como Euskadi, Canarias y Cantabria alcanzan el 9,6%. Solo La Rioja, con uno de los índices más bajos del país, consigue incluso una ligera reducción interanual. El grueso de los casos corresponde a una Incapacidad Transitoria (IT) por enfermedad o traumatismo. La estimación del coste de las horas perdidas supera los 59.000 millones, casi el doble que en 2019.

Las patronales se duelen de las consecuencias para la organización del trabajo, la productividad y la competitividad. Y los sindicatos reprochan que se inunde de alarma el escenario mediático y se magnifique el perjuicio para las empresas mientras se ignora el que padecen los trabajadores. Las causas que, según los expertos, explican el aumento de bajas -población envejecida y más expuesta a dolencias crónicas, colapso de los sistemas sanitarios, la pandemia de salud mental- deben sentar a la mesa a los agentes sociales con las administraciones, directamente señaladas por el laberinto de esperas para pruebas y tratamientos que alargan las ausencias y por la insuficiencia de recursos para afrontar afecciones psicológicas que afectan especialmente a los más jóvenes.