Ignacio Camacho-ABC
- No es que el Gobierno haya perdido el combate contra el narco. Se trata de que en la práctica parece haber renunciado a librarlo
En este ‘verano peligroso’ que no imaginó Hemingway, lleno de incendios, terremotos, invasiones de inmigrantes y crímenes machistas o parricidios rurales con trazas de tremendismo a lo Pascual Duarte, no podían faltar los ajustes de cuentas entre narcos acostumbrados a zanjar a tiros sus disputas de clanes. Sólo que al escenario clásico de estos episodios, la costa entre Marbella y Barbate, se han sumado de un tiempo a esta parte las desembocaduras del Guadalquivir y el Guadiana, los dos grandes ríos de los árabes ahora convertidos en el tercer vértice de un extenso triángulo de sangre. Un territorio cada vez más amplio donde el repliegue de las autoridades ha entregado a los traficantes el monopolio de una violencia ejercida con crueldad salvaje.
La droga no sólo destruye la salud pública en sentido estricto; también ataca la del sistema de convivencia al establecer un poder paralelo de corrupción social cuyos tentáculos acaban siempre extendiéndose al ámbito político. Se enseñorea de comarcas enteras, compra voluntades de adultos, pervierte a jóvenes y niños deslumbrados por el dinero fácil del trapicheo subrepticio y crea un ambiente de opresión que impone la ‘omertá’ a los vecinos volviéndolos cómplices activos o pasivos. Como hace unas décadas en Galicia, hay en Andalucía localidades cuya población moza vive de la recogida de fardos en las playas o el desembarco de los cargamentos de planeadoras y hasta de submarinos. Una actividad mucho más rentable que cualquier oficio digno.
Y no es que el Estado haya perdido la batalla: es que parece haber renunciado a darla. Las fuerzas de seguridad están literalmente inermes frente a mafias conscientes de su impunidad y provistas de material de guerra y lanchas rápidas de tecnología sofisticada. La justicia carece de medios materiales y herramientas legales para abordar una plaga que se infiltra en la administración a base de sobornos o amenazas. El Gobierno se ha desinteresado del asunto, encogido de hombros ante las esporádicas matanzas y desoyendo el clamor de los guardias obligados a partirse la cara por tierra y mar en flagrante desigualdad de armas, sujetos además a rígidos protocolos operativos que en la práctica les dejan las manos atadas. Ya no se trata de un problema de orden sino de fortaleza democrática.
El desmantelamiento del grupo de élite OCON-Sur, hace cuatro años, ha dejado el campo libre al narco y multiplicado sus estragos. El motivo de esa decisión continúa opaco sin que el Ministerio del Interior se haya decidido a explicarlo; si hubo sospechas de conducta irregular los ciudadanos tienen derecho a saberlo y los sospechosos deberían haber sido denunciados a los tribunales de inmediato. De un modo u otro, lo que falta es una prioridad política capaz de definir una estrategia y un marco de actuación claro. Quizá sea demasiado pedir a un Ejecutivo cuyo jefe permanece impávido y de vacaciones mientras la frontera de la nación sufre un asalto multitudinario. Pero al menos los invasores iban desarmados.