Ahora bien, en cuanto a las consecuencias internas en España, derecha e izquierda políticas, gobierno y oposición, por una vez, están de acuerdo. Ambos proponen, exigen, que hasta el último inmigrante sea devuelto al extranjero. ¡Fuera con ellos¡ es la coincidencia profunda de nuestros partidos. Se siguen peleando agriamente, cómo no, pero están de acuerdo en la substancia: echarlos. Y mientras conseguimos echarlos, en convertir Ceuta en una prisión estrecha en la que se encierra también a 80.000 ceutíes. Por cierto, el hecho de que nuestros conservadores y nuestros progresistas sean capaces de seguir discrepando y peleando incluso en lo que están de acuerdo dice mucho sobre la artificialidad del clima de polarización que domina nuestra política.

Pero vayamos a lo importante, que son las personas: ¿no hay otro medio para encauzar la inmigración masiva de 10.000 personas sin tratarlas como cosas y sin degradar la vida de los ceutíes? Estamos hablando en un país, España, que el mes de julio regularizó a más de un millón de inmigrantes ilegales, unas personas que también habían entrado (o permanecido) en España de manera ilegal. Estamos hablando de un país a cuyas islas Canarias llegaron por mar más de treinta mil inmigrantes el pasado año. Y los anteriores. ¿Qué se hizo con ellos? ¿Siguen en Canarias o pasaron a la Península? Obvio, llegaron a ésta, se les dio una orden de expulsión y se les dejó en libertad para iniciar el largo camino de la regularización y nacionalización. Están ahí, en Europa.

No parece, sino que no queremos comprender, que en España existe de hecho un ‘sistema’ de inmigración (construido eso sí de manera empírica y por ‘prueba y error’) que excluye la legal salvo para los europeos, de manera que todos los demás migrantes han empezado por entrar al país de manera ilegal, aunque consentida, y han luchado por obtener el empadronamiento primero, la regularización después, la nacionalidad quizás. Un extraño sistema que, a pesar de su tosquedad, ha mostrado su éxito tanto en su capacidad para integrar a un porcentaje de población inmigrante elevadísimo (de los más altos de Europa) como en la aceptación social del fenómeno (España es excepcional en Europa en su nivel bajísimo de rechazo social a los inmigrantes, en torno a un 30% frente al 60% medio).

Bueno, siendo así las cosas en general, ¿qué es lo que les pasa a los 10.000 de Ceuta para que no puedan ser tratados como los millones de semejantes que llegaron antes? ¿Qué tienen de especial? Ellos nada, habría que reconocer. Somos nosotros, y nuestros políticos los primeros, los que sentimos agitarse incendiarias pasiones y miedos en nuestro interior cuando se mueve el Rif. ¡El moro! Puro emocionalismo que se cura pensando.

Ceuta es España. «Españolísima», dice la ministra de turno recordando a la época de Franco. Bueno, pues si ello es así, si los que están en Ceuta están en España, no existe razón para no permitirles andar y deambular libremente por todo el territorio de la nación. Al impedirlo y mantenerlos metidos a la fuerza en la ciudad, estamos reconociendo implícitamente que Ceuta no es España de la misma manera que Madrid o Valencia, porque quien entra en éstas se puede desplazar libremente mientras que los que entran en Ceuta lo hacen como en un presidio. A Ceuta y los ceutíes les damos, cómo no, nuestra empatía y nuestra solidaridad plena, nos dolemos de su situación, pero no movemos un dedo para materializar tanta emoción empalagosa: tal como sería aliviarles de su carga y trasladar el problema a España entera. No costaría tanto cuando, además, es un problema que sabemos resolver a nuestra manera, rara pero exitosa.