Martes, 1 de septiembre de 2026, 17:46
Aquí no se trata de deteriorar al Ejecutivo porque su gestión de asuntos capitales sea deleznable. De lo que se trata es de arreglar del mejor modo posible un desaguisado que nunca debió darse. ¿Hay que proteger a los ciudadanos o excusar al Gobierno ‘progresista’?
En Ceuta ha habido un mayúsculo atropello en masa que continúa y un Gobierno que no quiso prever una calamidad anunciada hace años. Un Gobierno incompetente y ausente que hasta ahora no ha hecho nada positivo, aunque sí va dando pregones hirientes para los locales y disculpatorios para los organizadores de la invasión (insistiendo en que son socios fiables y leales). La política del Gobierno Sánchez se caracteriza por ser todo lo contrario de la ‘glásnost’ de Mijail Gorbachov: franqueza y transparencia; la suya es una política de hipocresía y opacidad, de skrytnost. Alejados de la ciudadanía, peroran de forma cansina que nadie lo ha hecho mejor que ellos en la historia de España. Es alucinante la desconexión de estos ineptos.
Padeciendo lo indecible, la población ceutí está conmocionada e irritada por el abandono y la desprotección que experimenta en sus carnes tras haber sido invadida por 80.000 personas (casi tantas como habitantes tiene la ciudad) coladas por la frontera y queriéndolo todo. Están trastornando enormemente a los ceutíes, a quienes se les niega hasta el cariño y cercanía de los Reyes, de demostrados valor y empatía.
Hay que hablar de los menores de edad no acompañados. El Gobierno marroquí lleva años endosándonos a miles de ellos. Son personas en completa pobreza y precariedad y no pueden ser devueltos de forma unilateral y automática: no se les puede aplicar el procedimiento general de frontera; son menores antes que migrantes, tal como ha recordado la jurista Soraya Rodríguez. Son muchachos sin oficio ni beneficio, nada queridos por nadie y vistos como una ominosa amenaza. Ojalá aspiraran a ser ciudadanos de un Estado social y democrático de Derecho y no súbditos de un Sultán, y pudieran llenar sus horas con formación y tareas sociales, de modo que aumentase su autoestima y su disposición a insertarse en la sociedad española. Pero han entrado a las bravas y esto lo cambia todo.
No puede obviarse que ocasionan gastos y pérdidas que no deberíamos pagar nosotros, sino quienes los han enredado y enviado. Llueve sobre mojado. De nuevo va a haber que hacer reparto de estos muchachos por la geografía nacional. Los ministros de Sánchez se encaran con las comunidades gobernadas por el PP con el apoyo de Vox, por no querer hacerse cargo de estos chicos. Pero fingen ignorar que el concepto de prioridad nacional lo esgrimen también los de Junts y EAJ-PNV; calificados de ‘progresistas’ para que Sánchez siga de presidente. Junts ha amenazado con retirar el apoyo selectivo que le sigue dando si asigna ‘menas’ a Cataluña. El Gobierno autónomo vasco tampoco está por la labor y alega que deberían estar con sus familias (sucede que sus dirigentes son más astutos y listos que los demás en sus declaraciones).
Entre los miles de personas que se han colado hay gente de todo tipo, pero -como está demostrado- también han entrado delincuentes y agitadores. En su reciente artículo en ‘El Independiente’ Entre la devolución y el retorno está el Derecho, Soraya Rodríguez (quien fuera portavoz del Grupo Socialista en el Congreso con Rubalcaba al mando del PSOE y luego eurodiputada por Cs) recalca que hace más de dos años PSOE y PP consensuaron y aprobaron el Pacto Europeo de Migración y Asilo con el que la Unión Europea ha diseñado un marco común de gestión: refuerzo del control de fronteras, agilización de los procedimientos de asilo y mecanismos de solidaridad. Poner en marcha este plan exige unas reformas legislativas que el Gobierno español se comprometió a efectuar y aún no ha hecho. Cabe decir que de forma irresponsable ninguna fuerza parlamentaria ha afeado al Ejecutivo su incumplimiento, algo que ahora resulta particularmente grave.
De forma premonitoria, el Pacto Europeo de Migración y Asilo tipifica «la llegada masiva de personas en contextos donde los flujos son instrumentalizados políticamente por terceros países para sobrecargar las capacidades de un Estado miembro, desestabilizarlo y anular sus sistemas de acogida y retorno». Si se hubiera hecho lo comprometido, ahora se podría haber aplicado de inmediato y se habría facilitado la aplicación de excepciones a los procedimientos habituales; además de beneficiarnos de las medidas de solidaridad. En otro acto de desidia e indiferencia el Gobierno Sánchez ha sido incapaz de activar este mecanismo, pero aquí no ha pasado nada, nadie sabe ni recuerda nada.
¿Qué debería hacer la ciudadanía? Pobre Ceuta, pobre España.