El programa tributario que manejan ambos partidos les permite recomponer una línea de trabajo común muy sensible en el País Vasco. La fiscalidad requiere armonía entre las haciendas forales, debate y complejos acuerdos por la atomización política del país. Por lo tanto, jeltzales y socialistas han logrado consolidar, desde sus conocidas diferencias, un marco de entendimiento con la vista puesta en las elecciones forales y municipales de mayo de 2027.

Su pacto fiscal incluye ayudas que pueden ser muy poderosas para reactivar la economía vasca: arraigo empresarial, relevo generacional, fidelización de profesionales, acceso a la vivienda y movilidad, entre otras medidas. Otras que figuraban en el plan original, como la deducción por tener un seguro médico, han sido orilladas para frenar fricciones. Pero para que sean una realidad, precisan todavía de amplios consensos y ese reto obligará a los socios de gobierno a desgastarse en busca del aval de la oposición en Gipuzkoa y Alava, donde no tienen la mayoría absoluta que sí poseen en Bizkaia. El año electoral que se abre en Euskadi -y previsiblemente en el conjunto de España si Pedro Sánchez no adelanta antes las generales- complicará esos acuerdos en un clima de polarización creciente. Una negociación fiscal siempre erosiona y acaba provocando roces, pero los socios se podían haber ahorrado más de uno de haber iniciado la revolución con el diagnóstico compartido y la discreción que exige toda gran reforma.