Carlos Martínez Gorriarán-Vozpópuli

  • Con la era Sánchez la violencia e intensidad del narcotráfico se ha multiplicado en España,

La ecuación necesaria para resolver la incógnita del apoyo incondicional de Pedro Sánchez a Marruecos quizás debería añadir un tercer factor a los dos ya conocidos: el famoso “Pegasus” que, suponemos, permite a Rabat chantajear a Moncloa con probada eficacia, y el plan para convertir Ceuta en una Gaza marroquí que propuse aquí mismo (según pasan los días es más evidente que ni era una mera distracción, ni “mala gestión” distraída). Bien, el tercer factor puede ser el narcotráfico en el estrecho de Gibraltar, y más en concreto la implicación política en su gestión según el modelo del Grupo de Puebla (tan bien explicado muchas veces en estas páginas por Jesús Cuadrado).

El modelo del narcoestado populista

El Grupo de Puebla es una asociación de partidos de izquierda a la que pertenece el PSOE pese a ser básicamente latinoamericana, y en el que José Luis Rodríguez Zapatero ha desempeñado un papel capital (con otros campeones de la corrupción, como Baltasar Garzón). Ese Grupo tiene el dudoso honor de haber profundizado la teoría y práctica de la corrupción del Estado con la invención del narcoestado, o simbiosis de clase política y mafias narcotraficantes que pasan de ser rivales y enemigas ocasionales a colaboradoras asociadas, siguiendo un reparto de papeles que busca perpetuar en el poder al populismo izquierdista de un Lula o una Sheinbaum… y también de un Pedro Sánchez.

Sí, se puede alegar en contra que esta asociación de mafias y políticos corruptos es vieja y conocida en muchos países del mundo, pero el Grupo de Puebla ascendió a otro nivel convirtiendo el narcotráfico en política de Estado y adaptando los métodos mafiosos de distribución vertical de los beneficios en un sustitutivo o complemento de la redistribución socialdemócrata clásica. En resumen, consiste en organizar el narcotráfico a la sombra del propio Estado y hacer que una pequeña parte de los beneficios criminales lleguen a las rentas bajas del país, excluyendo a los opositores. Así se consigue comprar la lealtad política de los primeros y marginar totalmente a los segundos sin necesidad de una represión sistemática al viejo y desacreditado estilo de la Cuba castrista, por ejemplo. Su mayor realización fue, sin duda, el narco-chavismo de Venezuela (que Trump está lejos de querer eliminar, más bien lo explota en su propio beneficio).

La mafia marroquí

Sería una absoluta ingenuidad creer que los socialistas españoles del Grupo de Puebla, con Zapatero a la cabeza, no hayan tomado buena nota de las ventajas de introducir en España al menos algunas prácticas del narcoestado bolivariano. También sería ingenuo creer que ese interés no conecta directamente con el de la oligarquía alauita de Marruecos en el control del copioso narcotráfico que nace en su propio país o pasa por él.

Las famosas mafias a las que Sánchez y su desvencijado Gobierno a la deriva acusan de haber planeado y ejecutado el asalto a Ceuta se dedican a algo muy diferente, al tráfico de drogas y de personas a través del Estrecho, aunque no sólo. La tristemente célebre Mocro Maffia o mafia marroquí se dedica a muchas más actividades criminales por media Europa, y llegó a amenazar la estabilidad de los Países Bajos y la seguridad de la familia real holandesa. Y no es creíble que tales mafias actúen sin ninguna complicidad o cobertura de las altas esferas de Marruecos, país controlado por el gobierno palatino en la sombra o majzén en mucho mayor grado que por las instituciones corrientes.

Debilitar los efectivos policiales

También está fuera de duda que con la era Sánchez la violencia e intensidad del narcotráfico se ha multiplicado en España, y que la reacción gubernamental ha consistido en debilitar los medios policiales de represión del fenómeno narco. El ejemplo más famoso es la disolución en septiembre de 2022 de la unidad especializada de la Guardia Civil, el OCON-Sur, pero aún es más escandalosa la carencia de medios policiales suficientes para hacer frente a las más de 600 lanchas de los narcos desplegadas en el Estrecho, muy superiores a las de la Guardia Civil y obviamente con base en Marruecos.

Lejos de reforzar a los agentes y de permitirles responder a los violentos narcotraficantes armados hasta los dientes con medidas proporcionales -que según los expertos deberían incluir drones de vigilancia y ataque, lanzagranadas y helicópteros artillados-, la política del Gobierno ha sido la de ignorar la gravedad de los hechos y la amenaza que representan para el país. Exactamente lo mismo que con la corrupción sistémica, es decir, la que ha corrompido no sólo algunas instituciones y agentes políticos, sino a la cúpula del Estado y la política española como totalidad. Y esta es la narcoestrategia del Grupo de Puebla, que ya no consiste en defender la legalización del consumo de estupefacientes al modo liberal, sino en explotar el tráfico al modo mafioso.

El apoyo de los vecinos

Sostener que bajo el gobierno de Sánchez el Estado ha pasado de combatir el narco a tolerarlo no es ninguna exageración, que más bien estaría en sostener lo contrario. Tolerarlo, o quién sabe qué más. La penetración de formas de vida narco-estatales en algunos vecindarios del Campo de Gibraltar es de sobra conocida: se trata de vivir del narco como primera fuente de ingresos, y en concreto de la conexión con mafias internacionales. Y si bien es cierto que esas mafias reciben fuertes golpes policiales de vez en cuando, también lo es el empeño gubernamental en minimizar el problema y dejar en la indefensión a los guardias civiles que trabajan en primera línea y han sufrido ya numerosas muertes, algunas por asesinato deliberado en un fenómeno no tan diferente al terrorismo clásico, pues los narcotraficantes cuentan con la ventaja del apoyo de no pocos vecinos.

Hay razones para sospechar que la complicidad con el narcotráfico internacional puede ser otro factor explicativo de la demencial dependencia del Gobierno Sánchez de la buena voluntad de Marruecos, hasta el punto de agrietar al propio gobierno por las abiertas contradicciones entre Margarita Robles y el CNI, de un lado, y Fernando Grande-Marlaska y sus mandos policiales por el otro (si es que algunos altos mandos no siguen más bien al ubicuo Zapatero y su amigo Bono). Atentos a la rentré de la justicia este otoño, la investigación de las andanzas de Zapatero y sus más estrechos colaboradores puede darnos interesantísimas informaciones sobre las conexiones entre el Grupo de Puebla, Marruecos y la corrupción sistémica del Gobierno Sánchez. Quizás sea eso.