Editorial-ABC
- La desautorización de Marlaska evidencia la preocupante confusión del Gobierno entre su defensa política y la defensa del Estado
En medio de las polémicas sobre el papel del Gobierno en la crisis de soberanía provocada por Marruecos en Ceuta, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sigue asumiendo protagonismos inexplicables. Quien fuera juez central de instrucción de la Audiencia Nacional y presidente de su Sala de lo Penal y vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular, no tuvo mejor idea que elevar una queja a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, contra la juez María Tardón. El fundamento de la protesta de Grande Marlaska era inaudito: afeaba a la juez que no le permitiera conocer, previamente a su entrega al juzgado, el informe de la Policía Nacional sobre la autoría del asalto a Ceuta. Tal reproche es inexplicable en un jurista de formación que ha sido magistrado y vocal del CGPJ. Lo que pretendía Marlaska se parece mucho a un delito impune de revelación de secretos, pasando por encima de la confidencialidad entre policía judicial y juez de instrucción y del secreto que preside legalmente todo investigación penal.
La respuesta institucional de la presidenta Perelló fue fulminante y tajante, pero de manual básico: que el CGPJ no puede ni debe inmiscuirse en decisiones jurisdiccionales de los jueces y que los cuerpos policiales en funciones de policía judicial solo deben informar a la autoridad judicial que les haya pedido los informes. ¿Tampoco sabía Grande-Marlaska estas reglas de novato sobre el funcionamiento de la justicia penal? De forma no menos directa se ha pronunciado después la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, cuyo apoyo a la juez María Tardón incluyó una mención expresa a su actuación «para la preservación y defensa del interés general de España». Es lamentable para un Estado democrático, constitucional y europeo, que su ministro del Interior se embarque en estos ataques contra la judicatura. Y, sobre todo, el ministro del Interior se enfrenta a una pregunta que desnuda su incompetencia: ¿por qué, si la crisis de seguridad nacional era tan evidente, no pidió él mismo un informe similar al que fue entregado a la juez Tardón?
Llueve sobre mojado. El paso de Grande-Marlaska por el departamento de Interior está jalonado de escándalos que explican en lo que se ha convertido políticamente. A la campaña contra Pérez de los Cobos le siguieron las imputaciones de directores generales de la Guardia Civil y de directores adjuntos operativos, núcleo duro de su ministerio. Y ahí sigue, cooperador necesario de las políticas autocráticas de Pedro Sánchez. Al menos, la sociedad tiene la tranquilidad de que hay jueces, policías y guardias civiles que, simplemente, se limitan a hacer su trabajo ordinario, aunque el Gobierno lo haya convertido en un frente de batalla.
El problema de los informes policiales y de Inteligencia es un agujero negro del Gobierno y Pedro Sánchez lo agrandó de forma temeraria en su comparecencia al anunciar la publicidad de todos esos informes, incluidos los del Centro Nacional de Inteligencia. Sánchez y sus portavoces andan como contables de visera y manguito para poder decir que ningún informe anunció con exactitud la magnitud del asalto. Argumento absurdo donde los haya, porque tenía avisos de «riesgo extremo» fechados el 29 de julio. El conocimiento público de la gestión de la crisis de Ceuta es una condición democrática y debe de abarcar aquellos informes cuya revelación no cause daños –más daños, cabría decir– al sistema de inteligencia español en el extranjero. Pero las palabras de Sánchez sonaron más como un órdago interno que como un gesto de transparencia. La reacción de la ministra de Defensa, Margarita Robles, también magistrada, a las palabras de Sánchez en el Congreso de los Diputados, reveló no solo una brecha personal irreparable entre ambos, sino unas tomas de posición muy distintas sobre el tratamiento que hay que dar a las cuestiones de seguridad, en las que Sánchez ha decidido ser caballo perdedor. El Gobierno ha apostado por desacreditar el tejido neuronal de la defensa del Estado, que es el CNI, para exonerar a Marruecos y liberarse de responsabilidades, cosechando en ambos casos sendos fracasos irreparables.