Editorial-ABC
- Los ataques contra las patrullas desplegadas en Ceuta exigen dotarlas de respaldo jurídico suficiente para cumplir su misión.
El nuevo ataque a pedradas contra una patrulla militar en Ceuta confirma una deriva que las autoridades no pueden normalizar. Al menos 21 inmigrantes fueron detenidos tras un ataque a militares y guardias civiles cuando trataban de contener una reyerta. Todos retornaron a Marruecos tras ofrecérsele esa posibilidad o un procesamiento judicial. Este no es un episodio aislado: las Fuerzas Armadas han sufrido varias emboscadas las últimas semanas.
La situación es muy preocupante porque se encomienda a los militares una función delicada sin una cobertura jurídica adecuada. La Asociación de Tropa y Marinería Española ha reclamado su reconocimiento como agentes de la autoridad ante la reiteración de las agresiones. El Gobierno debe atender esta advertencia.
España no puede desplegar a sus militares y dejarlos en una posición menoscabada ante los agresores. La seguridad de Ceuta exige medios, coordinación policial y reglas claras. Y quienes sirven al Estado deben contar con autoridad y protección suficientes para cumplir eficazmente la misión que este les encomienda.