- El sistema de financiación de Sánchez y Junqueras es la negación de España como Nación de ciudadanos libres e iguales.
Con la herida de Ceuta aún en carne viva, Pedro Sánchez vuelve a demostrar que su orden de prioridades nada tiene que ver con los problemas de la Nación, aprobando en el Consejo de Política Fiscal y Financiera un nuevo modelo de financiación autonómica con la oposición de todas las comunidades excepto Cataluña y Canarias.
El solo hecho de que la práctica totalidad de las partes afectadas rechace la propuesta del ministro de Hacienda, Arcadi España, debería bastar para que el Gobierno optara por retirarla y abrir una negociación multilateral en busca de un mínimo consenso entre las comunidades.
Pero el proceso para la aprobación del nuevo sistema ha sido un despropósito de principio a fin, que constata el desprecio del Gobierno por la democracia y la igualdad entre españoles.
Para empezar, el Ministerio de Hacienda ni siquiera pactó su propuesta con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa (lo cual ya hubiera sido de por sí injusto con el resto de las comunidades), sino que lo hizo con el presidente de ERC, Oriol Junqueras. Una anomalía y una arbitrariedad en toda regla, por cuanto en las últimas elecciones generales (2023) ERC fue la cuarta fuerza en Cataluña, por detrás de PSC-PSOE, Sumar y PP.
Puestos a arrumbar al presidente de la Generalitat, ¿por qué negociar la financiación con Junqueras y no con el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, cuya formación superó a ERC en las últimas elecciones legislativas?
La única fuente de legitimidad de Junqueras en esta materia es la insondable avidez de poder de Sánchez, dispuesto a todo con tal de permanecer unos meses más en el poder.
Dispuesto a hacer el ridículo, pues lo más probable es que el nuevo sistema anunciado en plena zozobra gubernamental por Ceuta ni siquiera llegue a aplicarse al no contar con el necesario apoyo de Junts en el Congreso.
Dispuesto a fracturar su propio partido, pues incluso los presidentes socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha también se oponen al nuevo modelo.
Y dispuesto, por último, a alimentar la confrontación territorial utilizando a Cataluña como ariete divisivo y no como banderín de enganche constructivo.
Esto último no es menor, porque ya va siendo hora de que los socialistas dejen de hacer el caldo gordo al separatismo, cultivando y amplificando hasta la náusea las diferencias entre Cataluña y el resto de España, y empiecen a poner de relieve los elementos comunes, que son más y sin duda más provechosos para todos, empezando por los catalanes.
Algunos (como mis compañeros Juan Milián o Fernando Sánchez Costa, entre otros) nunca nos cansaremos de defender que la afirmación de la catalanidad no puede basarse en el diferencialismo irreconciliable que cultivan separatistas y socialistas, sino que debe cimentarse en la similitud fraternal entre los españoles.
Decía Azaña, en su célebre discurso con motivo del encuentro entre intelectuales catalanes y castellanos que tuvo lugar en 1930 en Sitges y Barcelona, que «la libertad de Cataluña y España son la misma cosa… Es natural que en tiempos de lucha establezcamos el inventario cuidadoso de lo que nos separa, pero será también bueno que un día nos pongamos a reflexionar sobre lo que verdaderamente nos une».
Ojalá algún día podamos ensayarlo desde el Gobierno de España y demostrar, así, que Cataluña puede recuperar dinamismo y protagonismo en España sin perjuicio ni menoscabo del resto de las comunidades.
Por lo demás, Junqueras ha demostrado a lo largo de su ya dilatada trayectoria que no quiere una mejor financiación para los servicios públicos de los catalanes, sino más privilegios para los políticos separatistas. Exactamente igual que Puigdemont.
Sus sucesivos gobiernos, en los que han convertido Cataluña en un auténtico infierno fiscal con los impuestos más altos de España y una de las regiones menos competitivas de Europa, les avalan como detractores de la prosperidad de Cataluña.
A pesar de ello, los partidos separatistas se han autoerigido en representantes «exclusivos y abusivos», que diría Gaziel, de los intereses materiales de Cataluña, y los socialistas les han comprado la mercancía averiada. Para ello, no han dudado en cambiar el eslogan zapateril de la «España plural» por la ejecutoria sanchista de la «España dual», que privilegia a los políticos separatistas en detrimento del conjunto de los españoles, incluidos por supuesto los catalanes.
Por un lado, está la España imaginaria de Sánchez y sus socios, que se dedican a anunciar sistemas de financiación que nadie más que ellos quiere. Y por otro, la España real del conjunto de las comunidades autónomas de régimen común salvo Cataluña y Canarias, que se oponen a un sistema injusto pactado unilateralmente con Junqueras de espaldas al pueblo español.
En realidad, la España plural de Zapatero nunca pasó de ser un eslogan vacío, acuñado para exornar la misma política de exaltación de la diferencia que, ahora sin complejos, practica Sánchez. Una política basada, por un lado, en la reivindicación exacerbada de la pluralidad del todo, y por otro, en la negación absoluta de la pluralidad de las partes, presentadas al efecto como sociedades monolíticas con una relación traumática con la idea de España y su realidad histórica.
Eso era la España plural de Zapatero, y eso es la España dual de Sánchez. Uno y lo mismo.
La negación de España como Nación de ciudadanos libres e iguales, que eso y no otra cosa es el sistema de financiación de Sánchez y Junqueras.
*** Nacho Martín Blanco es diputado del PP en el Congreso.