Antes, cuando decenas de miles de personas atravesaban en masa la frontera de un país desde el territorio vecino, los gobiernos solían tener bastante claro que tenían un problema de soberanía nacional. A veces mandaban al Ejército y en los casos más civilizados trataban de evitar que la cosa terminara con gente disparándose. Ahora somos mucho más sofisticados. Abrimos diligencias previas.

Una jueza de la Audiencia Nacional está investigando qué demonios pasó en Ceuta los días 30 y 31 de julio, cuando más de 70.000 personas entraron irregularmente en España desde Marruecos. La magistrada María Tardón considera que los hechos pudieron atacar gravemente la integridad territorial española y ha asumido la investigación por la posible existencia de delitos contra la paz o independencia del Estado.

Es tranquilizador. Porque yo, que soy bastante antigua para algunas cosas, habría pensado que si 70.000 personas atraviesan una frontera española a las bravas, tenemos, como mínimo, algo más que un problema migratorio. Pero menos mal que no estoy al frente de ningún ministerio. Igual me precipito, llamo a alguien por teléfono y monto la tercera guerra mundial por una tontería.

Hay que investigar. Sobre todo porque tampoco sabemos muy bien cómo llegaron hasta allí. Solo tenemos un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía que afirma que aquello no fue “algo incidental” ni atribuible a un factor “ocasional o espontáneo”, aprecia planificación previa y táctica y habla del “guiado activo” de la masa hacia los lugares de paso por parte de fuerzas de seguridad marroquíes. También recoge imágenes de agentes uniformados dando indicaciones para acceder a España y de personas no uniformadas que aparentemente monitorizaban y dirigían el flujo.

Marlaska no tiene evidencias

Pero no vayamos a sacar conclusiones precipitadas. No sabemos quién organizó la fiesta. Solo tenemos a setenta mil invitados entrando por la puerta y al portero del edificio de al lado indicándoles por dónde se pasa. Puede haber sido una casualidad.

Marlaska insiste en que no existe evidencia de que ningún Estado organizara la operación y mantiene que la cooperación con Marruecos es “excelente”. De hecho, el informe policial no atribuye formalmente al Gobierno marroquí la planificación de la operación. Dice que hubo permisividad de sus fuerzas de seguridad, que algunos agentes participaron guiando a quienes cruzaban y que existió una planificación, pero no identifica autor intelectual. Comprenderán ustedes que así no podemos señalar a nadie, claro.

Imaginen que hubiéramos aplicado estas cautelas a lo largo de la historia. Napoleón entra en España en 1808 con sus tropas y el Gobierno pide prudencia: todavía no podemos determinar si esos franceses vestidos de soldados responden a una acción concertada de un Estado extranjero. Hitler invade Polonia y las autoridades anuncian que se están recabando informes para esclarecer si los carros de combate alemanes actuaban coordinadamente o simplemente coincidieron todos aquella mañana camino de Varsovia.

Quizás dentro de unos años

Nos hemos vuelto tan prudentes que cualquier día tendremos que esperar un auto judicial para saber si está lloviendo. Y no estoy diciendo que Marruecos haya invadido España. Ese es precisamente el problema. Que seis semanas después de que más de 70.000 personas atravesaran nuestra frontera contraviniendo nuestras leyes, sabemos que hubo, en palabras de la propia jueza, una “violación masiva de la soberanía territorial de España”, sabemos que aquello fue planificado y sabemos que fuerzas de seguridad marroquíes participaron en el guiado de quienes entraban. Pero seguimos discutiendo quién lo ordenó y qué pretendía conseguir.

El Gobierno ha decidido ahora desclasificar los informes que recibió del CNI, la Policía, la Guardia Civil y la inteligencia militar entre el 1 de julio y el 1 de agosto para demostrar que nadie le avisó de la magnitud de lo que se venía encima. Es decir, que además de investigar quién pudo organizar aquello ahora tenemos que averiguar si alguien sabía algo antes de que ocurriera y si se lo contó a quien debía. Dentro de unos meses o años igual conseguimos reconstruirlo.

Desestabilizar un país

Mientras tanto, la Justicia investiga quién estuvo detrás de la acción concertada, el Gobierno se persona como perjudicado y Marruecos continúa siendo nuestro excelente socio. Yo no sé si hemos progresado mucho o simplemente hemos perdido el instinto de conservación. Porque un Estado no necesita una sentencia firme para tomar decisiones políticas. Para eso existen los gobiernos, los servicios de inteligencia, la diplomacia y los responsables de proteger las fronteras. Los jueces determinan si se han cometido delitos y quién debe responder penalmente por ellos. No deberían ser quienes tengan que explicarle al poder ejecutivo si alguien ha utilizado deliberadamente una frontera española para desestabilizar el país.

Pero hemos llegado a un punto en el que parece que hasta la soberanía necesita instrucción judicial. Así que si algún día ven ustedes tanques atravesando el Estrecho no se alarmen. No digan que nos están invadiendo porque podrían estar difundiendo un bulo. Habrá que identificar las matrículas, comprobar si los conductores pertenecen a alguna organización criminal, solicitar varios informes, determinar si hubo planificación previa y averiguar quién es el autor intelectual. Y mientras una jueza lo investiga, nuestro ministro del Interior podrá tranquilizarnos asegurando que la cooperación con Marruecos sigue siendo excelente.