La tensión se ha elevado tras las advertencias de Rabat a España, un mes y medio después de lo que define como «lamentables acontecimientos» que se saldaron con la muerte de al menos 141 migrantes ahogados en el mar. Que un país como Marruecos, que ha visto cómo huían miles de sus jóvenes aun a riesgo de perder sus vidas, se permita atacar a la Justicia y a los partidos, especialmente al PP por señalar su eventual complicidad en la avalancha, supone una injerencia insólita a la soberanía española, cargada además de sarcasmo. Sería deseable que el régimen de Mohamed VI cumpliera con los acuerdos que destaca con España en materia de buena vecindad y seguridad, en vez de amenazar con «tensiones recurrentes»en Ceuta o Melilla. Utilizar la presión migratoria convierte un drama humanitario en una herramienta de chantaje inaceptable.

Por razones de prudencia, el Gobierno de Sánchez debe combinar la firmeza diplomática en la respuesta con una gestión interna rigurosa de la crisis que deje atrás la cadena de contradicciones. Lo que parece claro es que la depuración de responsabilidades políticas no termina con la dimisión del jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta tras insistir en que él sí había trasladado el aviso del CNI sobre la entrada masiva de migrantes. La renuncia de un cargo menor es claramente insuficiente para sofocar el fuego desatado en Ceuta y explicar lo que parece una sucesión de negligencias en la prevención. Está aún por ver cómo el Ejecutivo piensa proteger la frontera sin ceder ante las presiones de Rabat ni dejar desamparada a la ciudadanía ceutí ni a los inmigrantes más vulnerables.