El Gobierno de Pedro Sánchez lleva toda la presente legislatura en una crisis sin fin, en una eterna huida hacia adelante que se complica cada vez más pero de la que el Ejecutivo siempre ha conseguido salir gracias al apoyo de sus socios, pagando el precio que hiciese falta. Sin embargo, la situación que vive Ceuta desde el pasado 30 de julio parece haber agotado todos los trucos del ‘Manual de resistencia’ del presidente y sus asesores. En los primeros días del curso político, Sánchez se ha encontrado con duros ataques por su gestión de la invasión a la ciudad autónoma, una ruptura pública en el Consejo de Ministros, críticas insistentes de los partidos que le han respaldado hasta el momento, una investigación en la Audiencia Nacional y un duro cuestionamiento de países aliados.

La desclasificación de casi medio centenar de documentos que anunció Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados no sólo no ha amparado a su ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, o a su delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, quienes han insistido una y otra vez en el último mes en que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no había informado sobre la posible avalancha migratoria desde Marruecos. La publicación de una muestra selecta de informaciones ha puesto sobre la mesa las seis semanas de mentiras desde un Ejecutivo que se afanó en minimizar el alcance de la crisis de seguridad y su impacto en la población ceutí. Cabe recordar el tuit del ministro Óscar Puente el 1 de agosto: «Otra crisis más que resuelve Pedro Sánchez».

Tras reconocer el propio Sánchez el 31 de julio que lo ocurrido era «una violación de la integridad territorial de España», Moncloa dio el pistoletazo de salida para la búsqueda de culpables. El presidente comenzó ese mismo día aludiendo a las mafias, a las que se han sumado posteriormente Israel, Rusia, Estados Unidos, las redes sociales, la «internacional ultraderechista», Italia por suspender el espacio Schengen, PP y Vox por no abrirse a la acogida de inmigrantes, Juan Jesús Vivas por tratar de impedir que se instalen campos de refugiados junto a instalaciones estratégicas, la ciudadanía ceutí por ser «xenófoba», Felipe VI por no haber visitado el enclave en todo su reinado, el CNI por no prever lo que iba a ocurrir… Todos son culpables, salvo el Gobierno de España y Marruecos. Al menos «de momento», como declaró Sánchez en el Congreso de los Diputados.

El uso del CNI como escudo de cara a la opinión pública, aprovechando que, por su misma naturaleza, el centro de espionaje no puede desmentir las acusaciones, enfadó desde inicios de agosto a la ministra responsable, Margarita Robles. Marlaska señaló al cuerpo de inteligencia a sabiendas de que la ministra de Defensa se ha quedado sin aliados dentro del Gabinete, y que el propio presidente del Gobierno la calificaba como «pájara» ya en 2020, afeándole que se «acuesta con el uniforme», en conversaciones que Sánchez mantuvo por WhatsApp con su ‘mano derecha’, el entonces ministro José Luis Ábalos.

Robles no se quedó callada, defendiendo al CNI y mostrando su disenso con la estrategia gubernamental públicamente durante el discurso de Sánchez en la Cámara Baja donde anunció la desclasificación de los documentos, al ser la única del banco azul que no aplaudió las medidas del jefe del Ejecutivo. Pese a todo, la exjueza, sanchista de primera hora, permanece al frente de Defensa más de ocho años después de asumir el cargo.

Entretanto, el jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta presentaba su dimisión este viernes alegando motivos personales y familiares, incidiendo en que sí avisó «a los distintos ministerios» antes de la llegada masiva de inmigrantes irregulares y en la «evidente incompatibilidad» entre sus afirmaciones diciendo que avisó a su superior y los reiterados desmentidos de este.

La Justicia tendrá que dirimir la cuota de responsabilidad de cada parte. En ello se encuentra la juez María Tardón, de la Audiencia Nacional, quien aprecia una intención clara de «atentar gravemente contra la integridad territorial de España» gracias a una «clara e indudable gestión favorecedora desde Marruecos» los días 30 y 31 de julio, en consonancia con las tesis sostenidas por la Policía Nacional.

Mientras, los ceutíes siguen viviendo en una ciudad que poco tiene que ver con la de hace apenas mes y medio. El inicio del curso escolar se ha retrasado en algunos centros por miedo a la inseguridad, el número de delitos y disturbios en las calles repuntan, el sector turístico ha perdido buena parte de su temporada estival, la ciudadanía se manifiesta a diario contra el Ejecutivo y abuchea a los altos cargos del Gobierno que han visitado el enclave norteafricano, y en el resto de España se suceden las muestras de solidaridad, exigiendo que la situación se resuelva lo antes posible.

Así, a nivel de encuestas, el PSOE atraviesa uno de los peores momentos electorales desde que Sánchez está al frente. La media de encuestas calculada por el portal electocracia.com concede un 26,2% de intención de voto a los socialistas, rozando un suelo histórico no alcanzado ni tras la aprobación de la ley de amnistía ni con el goteo constante de casos de corrupción en el seno de las filas socialistas. Sin embargo, de la debacle electoral que recogen los sondeos y que se ha ido demostrando elección tras elección desde 2023 a excepción de las autonómicas catalanas no hay rastro en los barómetros de intención de voto del CIS, que ubicaba al PSOE en máximos históricos en sus datos de abril con un 36,4% y que le otorgaba un 33% en el último informe publicado hasta la fecha, datado en julio.

La falta de credibilidad del CIS es apenas la superficie de la constante colonización de las instituciones por parte del sanchismo. Los organismos independientes y con prestigio, como el centro demoscópico, han quedado en los últimos años en manos de personas abiertamente afines al presidente del Gobierno y sus posicionamientos políticos. Tezanos, afiliado al partido desde 1973 y en cargos de relevancia de la formación política al menos desde 1988, es sólo el ejemplo más paradigmático.

Cabe recordar que el actual jefe del Ejecutivo ha ‘enchufado’ a exministros en entidades públicas como el Banco de España (José Luis Escrivá), la Fiscalía General del Estado (Dolores Delgado), el Tribunal Constitucional (Juan Carlos Campo), o el Consejo Superior de Deportes (José Manuel Rodríguez Uribes). También los ha empleado para usarlos de arietes autonómicos con escaso éxito, como en los casos de Pilar Alegría, María Jesús Montero, Reyes Maroto, o aún sin enfrentarse a la espada flamígera de las urnas, Óscar López y Diana Morant. En el ámbito de la seguridad, el ejemplo más flagrante es el de la -ahora bajo investigación- directora de la Guardia Civil, Mercedes González, quien lleva ostentando cargos públicos vinculada al PSOE desde que fue elegida concejal en Madrid en 2015.

La mano de Sánchez se ha dejado notar en otros muchos nombramientos en empresas públicas o participadas por el Estado, como RTVE (José Pablo López), Efe (Miguel Ángel Oliver, que fuese su secretario de Estado de Comunicación), Paradores (la exministra Raquel Sánchez), Red Eléctrica (la exministra Beatriz Corredor), Indra (Ángel Escribano), Telefónica (Marc Murtra).

Tampoco el panorama exterior ha quedado limpio del asalto institucional. Sánchez impuso a Teresa Ribera como comisaria europea pese a la oposición de otros países que amenazaron con bloquear la conformación de la Comisión Europea, logró colocar a Nadia Calviño en el Banco Europeo de Inversiones, y batió el récord histórico de nombramiento de embajadores políticos -algo muy criticado en las instancias de la Carrera Diplomática- con nueve en total, de las que se beneficiaron cinco ministros en destinos tan jugosos como la UNESCO, la ONU, el Vaticano o la OEA.

A todo ello se suma la forma de desenvolverse en la vida política diaria. Más de 180 decretos leyes a sus espaldas le convierten en el récord absoluto de la democracia española de legislar de espaldas al Parlamento, tanto en cifra total como en media anual (unos 25 por año natural). El Congreso ha derogado 11 de sus decretos, de los 14 que se han echado atrás en el medio siglo del actual periodo democrático. Y Moncloa se ha saltado por tercer año consecutivo la obligación de presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, tal y como exige la Constitución.

Impedir que el Congreso de los Diputados ejerciese su labor de control sobre el Poder Ejecutivo durante los primeros meses de la pandemia de Covid-19 o, más recientemente, la inasistencia de él mismo ante la petición del Senado para que compareciese, de la misma forma que han hecho varios ministros en las últimas semanas por la situación en Ceuta, dejan a las claras el respeto por la división de poderes y la rendición de cuentas del actual Gabinete.

Corrupción a cada paso

El concepto de ‘línea roja’ nunca había sido tan difuso y móvil como cuando los socios del Ejecutivo lo aplican a la corrupción que rodea al Gobierno y al Partido Socialista. Sánchez, consciente de que sus aliados no le dejarán caer «ni en cien vidas» -como dijo gráficamente Isabel Díaz Ayuso hace unos días-, ha presumido de haber «asumido responsabilidades» y seguido adelante vertiendo críticas hacia la Justicia e incitando a sus ministros y su partido a hacer lo mismo.

Los socios no han ido más allá del reproche declarativo en la condena a su hermano, David Sánchez; en la imputación y apertura de juicio oral a su mujer, Begoña Gómez; el envío a prisión de dos exsecretarios generales del PSOE, uno de ellos exministro; la investigación sobre el expresidente Zapatero y su entorno por causas que implican fondos públicos; el espionaje y tráfico de influencias del ‘caso Cloacas’ del PSOE… En total, hasta la fecha, 15 condenados, otros tres procesados y más de un centenar imputados en instrucción en una quincena de causas judiciales por una veintena de delitos distintos. Pero tampoco esto logró desguazar al Gobierno ni al partido, pese a las voces críticas internas habituales como la de Emiliano García-Page, de las que Pedro Sánchez ya ha optado por mofarse, como hizo esta semana en la entrevista que concedió a TVE.

Concesiones al separatismo

«Somos más», anunció orgulloso el entonces presidente en funciones la noche electoral de 2023 pese a que su formación fuese la segunda fuerza del arco parlamentario. Si tras la repetición electoral de 2019 se olvidó oportunamente del «no dormiría tranquilo» por tener a Podemos en el Consejo de Ministros, repitió el ataque de amnesia pese a su «convicción personal y política» de que la amnistía era algo que «no entra en la legislación ni en la Constitución española» por lo que su Gobierno no lo iba a «aceptar».

Ya en sus primeros meses en Moncloa había trasladado a los presos del ‘procés’ a las cárceles catalanas, para indultar en 2021 a los nueve líderes que habían sido condenados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación. Las cesiones continuaron en 2022 con la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición y rebajar las penas del de malversación, de cara a facilitar un regreso a España del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont.

Pero las cesiones se multiplicaron en cantidad y profundidad tras aquella noche del verano de 2023 cuando los votos del independentismo catalán y vasco se hicieron más necesarios que nunca. La aprobación de la ley de amnistía en 2024, la condonación de la deuda catalana con el Estado, la creación de un sistema de financiación autonómica a la medida de los intereses de Cataluña, la instauración del uso de lenguas cooficiales en el Congreso y la petición de que se haga en instituciones europeas, las comisiones de investigación sobre el ‘caso Pegasus’ y la ‘Operación Cataluña’, o el traspaso de las competencias de Rodalies han ido copando los titulares de prensa mes tras mes.

También el independentismo vasco ha pasado facturas de forma constante sin que el Gobierno haya tenido pudor alguno en pagarlas. Apoyar la moción de censura de Bildu en la Alcaldía de Pamplona y recibir sus apoyos para gobernar Navarra, el traspaso de competencias en materia de Seguridad Social o tráfico, la inclusión de cambios promovidos por Bildu en la Ley de Memoria Democrática, así como el acercamiento de presos etarras a las cárceles vascas primero (casi 400 traslados) y su puesta en libertad anticipada después vía traspaso de competencias de prisiones son sólo algunas de las cuestiones en las que el actual Ejecutivo ha transigido en sus tres legislaturas. El dato que resume la última medida habla por sí solo: cuando Sánchez llegó a Moncloa había más de 200 etarras cumpliendo prisión en España; hoy, sólo 32 continúan en régimen ordinario.