Iván Libreros-Vozpópuli

  • Conscientes de que algún cargo político debe asumir las responsabilidades por la invasión, en el Ejecutivo empiezan a señalar a Miguel Ángel Pérez Triana

Miguel Ángel Pérez Triana, delegado del Gobierno en Ceuta, atraviesa las horas más difíciles de su carrera política. El Ejecutivo de Pedro Sánchez parece decidido a usar a Pérez Triana como chivo expiatorio para ofrecer a la ciudadanía una gran dimisión y dar carpetazo a la crisis social y migratoria provocada por la invasión del pasado mes de julio. Hasta el momento, y transcurrido más de un mes, la única persona que ha dejado su cargo fue Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete del delegado en la ciudad autónoma.

Ayer conocimos, gracias a una noticia publicada por El Debate, que Miguel Ángel Pérez Triana estuvo desaparecido nueve horas tras recibir una llamada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que trataba de advertirle del torrente migratorio que llegaría a finales de esa misma semana. Según ha podido saber Vozpópuli a través de fuentes conocedoras de los hechos, la revelación de esta situación podría ser una estrategia de Moncloa para forzar el adiós del delegado. De este modo, Sánchez presentaría una cabeza de turco que asumiría toda cuota de culpa en el lado gubernamental.

“Es una estrategia bastante evidente y repetida en el tiempo”, relatan desde dentro. En los grandes episodios conflictivos durante los ocho años de presidencia de Sánchez, siempre se ha buscado una figura que pudiera pagar por todos, bien dentro o fuera del Gobierno. En la pandemia sanitaria el foco estuvo en Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; en la DANA, en Carlos Mazón, exlíder de la Generalitat Valenciana; en los casos judiciales, cargar contra los jueces; en la Palma, a la madre tierra; y en Ceuta, al CNI.

Sin embargo, Moncloa no ha podido imponer el argumentario en la invasión. Tras sostener que los servicios de inteligencia habían fallado, el CNI y el informe policial del CENIF desmontaron al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Con el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, erigido como un héroe entre sus ciudadanos, y la oposición apretando al Gobierno junto a la Unión Europea, el entorno sanchista ha movido ficha.

El señalado ha sido Miguel Ángel Pérez Triano, a quien las fuentes consultadas definen como “el siguiente en la lista de caídos”. Los pasos a dar son “propios del manual de resistencia”, apuntan con ironía. De momento, ya hemos sabido que desatendió sus obligaciones, haciendo caso omiso a los avisos del CNI. Una irresponsabilidad al descubierto que esperan acabe provocando su marcha a corto plazo. Si esto sucede, los deseos del Ejecutivo, al margen de la investigación de la jueza Tardón, estarían completos para poder pasar al siguiente asunto. En este caso, intentar presentar Presupuestos y apuntar a una fecha de adelanto electoral.

La Audiencia Nacional pide quedarse con la investigación de Pérez Triana

La juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, solicitó el pasado lunes al juzgado de Ceuta que abrió diligencias previas contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, por un delito de prevaricación, que valore enviarle la causa si considera que los hechos tienen relación con la entrada masiva de 72.000 inmigrantes el pasado mes de julio, según la providencia a la que tuvo acceso Vozpópuli.

Y es que, el Juzgado de Plaza Número 6 de Ceuta abrió diligencias previas contra el delegado del Gobierno de Ceuta tras recibir dos denuncias presentadas por Manos Limpias y Hazte Oír. En ellas, se alegó que el representante del Ejecutivo no adoptó medidas ante las alertas que habían trasladado los servicios de inteligencia sobre una posible entrada masiva de inmigrantes de Marruecos.

La denuncia de Manos Limpias fue presentada a finales de agosto y está basada en la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Congreso de los Diputados, donde ésta explicó que agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) destinados en la ciudad autónoma avisaron el 29 de julio de la avalancha. Tal y como expuso, ese aviso llegó a la Delegación del Gobierno, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. No hubo informe como tal, sino una alerta.