El tono insultante, furioso, de los ataques proferidos desde la mesa del Consejo de Ministros contra los magistrados –salvapatricias, conspiradores, lobos solitarios– sugiere o más bien revela un estado de frustración y rabia ante la evidencia de que la maniobra ha descarrilado y con ella acaso una de las últimas posibilidades de evitar o minimizar el presentido descalabro. La prisa, la estrechez de los plazos y la prodigalidad de los recursos destinados al aparato consular para agilizar los trámites burocráticos avalan cualquier recelo sobre el extraordinario interés mostrado en conceder el voto a los descendientes –hasta bisnietos– del exilio político republicano. Mejor dicho, a los de cualquier emigrante que saliera de España en las dos primeras décadas de la dictadura de Franco, que tal es el sentido de la controvertida ‘presunción’ con que el Ministerio de Justicia decidió interpretar extensivamente el espíritu de la norma original sin otro criterio que el de la arbitraria voluntad de Bolaños. Todo demasiado irregular, demasiado precipitado, demasiado raro.

En una escena pública razonablemente honesta tal vez la polémica podría resultar desproporcionada. Pero el mandato de Sánchez ha degradado el funcionamiento de las instituciones en una peligrosa deriva autocrática que en las últimas semanas ha alcanzado el cuestionamiento explícito –por boca del propio presidente– del principio de alternancia. En un contexto así, de abierta deslegitimación del adversario y de las pocas instancias capaces de defender su autonomía, es imposible sustraerse a la desconfianza. Porque no sería la primera vez, ni la segunda, ni la tercera que el jefe del Ejecutivo, cuya relación con la verdad es, por decirlo sin acritud, bastante relajada, intentase burlar las reglas de juego haciendo trampas. Ni que los mecanismos de protección constitucional resultan denostados por cumplir con su obligación de evitarlas.