Iván Igartua-El Correo
- Determinar directamente la voluntad de los hablantes no es algo que deba estar al alcance de un sistema democrático
La prolongada campaña publicitaria ‘Jauzia gara’, presente aún en los tranvías de nuestras ciudades, nos recuerda que el Gobierno vasco ha acabado por asumir, aparentemente sin pestañear, el marco mental que una parte de la llamada ‘euskalgintza’ ha tratado de instalar en el ámbito de la política lingüística vasca a lo largo de los últimos años. La supuesta necesidad de un salto cualitativo es el nuevo elefante -el de Lakoff o el más castizo de la cacharrería- en el que quieren que la sociedad en su conjunto piense, tenga o no la menor intención de ello.
La metáfora tiene, sin duda, su miga, porque el deseo al que da expresión se da de bruces con la realidad. La evolución de las lenguas, tampoco la relativa a su uso social, nunca o rara vez da saltos, como no lo hace prácticamente nada en la naturaleza (lo sabía ya bien Aristóteles y la idea tomó después cuerpo en un conocido aforismo latino). En el caso del euskera, las encuestas sociolingüísticas muestran un incremento gradual del conocimiento que suele rondar el 1,5% o 2% cada lustro entre la población mayor de 15 años. El efecto de la escolarización masiva en euskera -y el indudablemente menor hoy día de la euskaldunización de personas adultas- alimenta ese aumento progresivo, que es sostenido en el tiempo y no conoce retrocesos, salvo errores estadísticos, desde 1981 hasta la fecha, pero que no conlleva vuelcos dramáticos ni nada que se les parezca.
Y si miramos a la evolución del uso de la lengua, este parámetro casi no ha variado en décadas: los ciudadanos que declaran utilizar el euskera rutinariamente continúan situándose en el entorno del 20%, sin apenas avances. Frente a ello, la consigna del salto apela a una superación de ese desarrollo paulatino o bien estancamiento (como ocurre con el uso) a fin de acelerar el ritmo de producción de euskaldunes, condición en teoría necesaria -pero no suficiente- para el objetivo final al que aspiran algunos: el anhelo de vivir íntegramente en euskera, sin rastro de polución romance (‘euskaraz bizi nahi dut’).
Porque para que ese deseo pueda materializarse, a la existencia de una densidad significativamente mayor de hablantes de euskera le debe acompañar la voluntad de utilizarlo por parte de la ciudadanía, también, por cierto, de la que es bilingüe (es decir, de preferirlo como medio de comunicación habitual frente al español, la otra lengua cooficial de la Comunidad Autónoma Vasca, o al francés al otro lado de la frontera). Y determinar directamente la voluntad de los hablantes no es algo que deba estar al alcance de un sistema democrático.
La querencia por hacer obligatorio el conocimiento del euskera allí donde existe capacidad para ello (en primer lugar, en el acceso al empleo público) tiene en consecuencia ciertas dosis de medida supletoria, además de estar en línea con el lema del salto: dado que no se puede forzar a la gente a aprender y menos a hablar en un idioma concreto, hagamos al menos que los empleos de calidad estén reservados a quienes puedan certificar su conocimiento (el que luego lo usen a diario es dudosa harina de otro costal, pero es que el uso no es precisamente lo que está en juego aquí). La imposición de esa obligatoriedad tiene una lectura aún más espinosa, la que hace pensar en la lengua como privilegio protegido de unos pocos, precisamente esa comunidad todavía minoritaria que se desenvuelve con soltura en euskera y que copa, por lo tanto, la mayoría de los puestos de trabajo públicos, los que costea con sus impuestos, no conviene olvidarlo, toda la sociedad. La desproporción resulta difícilmente digerible con independencia del envoltorio ideológico con que se pretenda cubrir y de la habitual apelación a las injusticias lingüísticas del pasado.
Pocas dudas hay de que la estrategia a la que da forma el tropo del salto podrá contentar a quienes ya disfrutan de la posición empoderada del bilingüe (aunque en la jerga al uso se llame, insultantemente, ‘subordinada’), pero no atraerá al euskera a quienes se han sentido desplazados e incluso silenciados por las políticas lingüísticas de corte nacionalista aplicadas hasta la fecha. Seguir elevando y extendiendo las exigencias de conocimiento de la lengua sin contar con su opinión y sus inquietudes no tiene nada que ver con el propósito de incrementar el uso del euskera; es, de hecho, la vía más eficaz para espantar al personal, ya en gran parte hastiado de una presión que resulta incompatible con el interés y el aprecio por el idioma.
Pero lo más grave es que el gran salto que ahora se trata de promover supone, en el fondo, saltarse los consensos alcanzados con esfuerzo -y no sin cesiones, especialmente de un lado- sobre los que se ha ido construyendo la convivencia lingüística en este país. Solo cabe esperar que esos brincos a los que nos animan con ardor no acaben haciendo saltar por los aires los precarios cimientos que, pese a todo, aún persisten.