La crisis de Ceuta ha dejado de ser únicamente un problema para el Gobierno y empieza a serlo también para Pedro Sánchez dentro del PSOE. Lo que hace dos semanas eran alcaldes que buscaban fórmulas más o menos imaginativas para saltarse las instrucciones de Ferraz se ha convertido ya en una contestación pública a la gestión del Ejecutivo. El último paso lo ha dado este jueves el grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, que ha votado a favor de una moción del PP que cuestiona abiertamente la actuación del Gobierno durante la crisis.

El episodio tiene más importancia por el precedente que por sus consecuencias institucionales. Los concejales socialistas respaldaron junto a PP y Vox una propuesta que reclama al Ejecutivo una defensa más firme de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, más medios para proteger las fronteras y garantías para los derechos y libertades de sus habitantes.

El portavoz socialista, Antonio Muñoz, intentó limitar el alcance político de la decisión. Su explicación fue que el PSOE había votado afirmativamente para no entrar en la «provocación» del PP. Pero el resultado es difícil de encajar con la estrategia que Ferraz ha mantenido desde que comenzó la crisis: el principal grupo de la oposición en una de las mayores ciudades de España ha respaldado una iniciativa del PP crítica con el Gobierno de su propio partido.

No es un hecho aislado. El problema viene creciendo desde finales de agosto y tiene una característica especialmente incómoda para la dirección socialista: se concentra entre dirigentes municipales, precisamente quienes tendrán que someterse a las urnas en mayo del próximo año y los mismos que llevan todo el año presionando para el adelanto electoral.

Ferraz ya comprobó los límites de su autoridad el 2 de septiembre. La dirección federal había pedido expresamente a sus cargos que no participaran en las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), al considerar que el PP pretendía utilizar la crisis para movilizar contra Sánchez. La circular remitida a las organizaciones territoriales llevaba las firmas de María Jesús Montero, Rebeca Torró y el responsable de Política Municipal, Juan Francisco Serrano.

La orden no funcionó. Alcaldes socialistas de León, Mérida, Chiclana de la Frontera, Moguer o Espartinas, entre otros 72 municipios, participaron en actos de solidaridad con Ceuta o promovieron convocatorias propias. En Andalucía, varios ayuntamientos gobernados por el PSOE organizaron concentraciones alternativas para marcar distancias con la iniciativa del PP sin renunciar a salir a la calle.

Autonomía frente al partido

Algunos fueron más lejos. El alcalde de León, José Antonio Díez, defendió que la respuesta debía quedar al margen del partidismo. En Moguer, Gustavo Cuéllar reivindicó la autonomía de los alcaldes frente a las consignas de los partidos. Y en Chiclana, José María Román participó en la movilización pese al rechazo de Ferraz.

La respuesta de la dirección consistió entonces en quitar trascendencia a esas decisiones. La portavoz socialista, Montse Mínguez, las redujo a la existencia de «versos libres» dentro de una organización que mantenía intacta su posición política. Pero la sucesión de episodios empieza a complicar esa explicación.

Sevilla supone otro escalón. Ya no se trata de acudir a una concentración que puede presentarse como un acto de solidaridad institucional ni de cambiar su horario para diferenciarla de la convocatoria del PP. Los concejales socialistas han levantado la mano para aprobar una moción presentada por los populares y dirigida, entre otras cosas, contra la gestión del Ejecutivo central. La crisis de Ceuta sigue, además, sin desaparecer de la agenda. Este mismo jueves el Congreso ha aprobado 309 millones de euros en ayudas para la ciudad autónoma mientras continúa abierto el conflicto sobre el destino de los menores migrantes.

Ese es el problema que empieza a trasladarse al PSOE. Ferraz puede mantener su estrategia nacional frente al PP, pero cada vez encuentra más dificultades para imponerla a unos dirigentes territoriales que tienen sus propios electorados, sus propias elecciones a la vista y, ahora también, menos reparos para hacer pública su discrepancia con Sánchez.