La gente de CEOE que días atrás visitó Ceuta cuenta y no acaba del espectáculo apocalíptico que allí vieron y que parece no tener fin. «Oye, Fulano, no pongas la mano en esa barandilla, que aquí hay infecciones de todo tipo», advirtió alguien de la oficina de Juan Vivas a un miembro de la comitiva. La playa es un campo de batalla, una ciudad dentro de la ciudad en la que se vende de todo, desde leche hasta hachís, con miles de personas defecando en la arena, con un problema sanitario de primera magnitud, con grupos de jóvenes asaltando el pequeño comercio, con los delincuentes más peligrosos refugiados en el monte para evitar el riesgo de ser detenidos, y con el Gobierno tratando de instalar a una parte de esa multitud, los de la playa Benítez, en un campamento improvisado levantado en los terrenos de la autoridad portuaria, cerca de instalaciones estratégicas como la desalinizadora de agua o los silos de gasoil marino y fuel de Ducar, petrolera participada por Miguel Arias Cañete. Un operativo que se cerró el viernes con un fracaso mayúsculo, porque del monte se descolgó de madrugada una multitud que ocupó el campamento antes de que a Policía y Guardia Civil les diera tiempo a persignarse. El caso es que las playas siguen llenas y por las calles vagan cual fantasmas hasta 20.000 «irregulares» o más, en una ciudad de 83.000 personas que viven acongojadas en sus pisos. Feijóo dijo el viernes en Melilla lo que todo el mundo sabe, que «Ceuta es un polvorín», mientras Aznar afirmaba que «España está cediendo a los intereses del Estado responsable de la situación, que es Marruecos». ¿Y para qué lo hace? Para que «los ceutíes se marchen de Ceuta». ¿Eso es lo que anda buscando Sánchez, permitiendo que se pudra la situación? Sería la rendición de un Estado, España, ante otro, Marruecos, a quien el presidente español califica de amigo fiel.

¿Y por qué lo hace? Lo que tiempo atrás comenzó siendo un runrún minoritario, casi un comentario de cenáculo, sobre las consecuencias del material incautado por los servicios secretos marroquíes tras el jaqueo del móvil de Sánchez, ha terminado convirtiéndose en una especie de certidumbre que comparte una mayoría de españoles, incluso alguno de sus socios como el PNV o Podemos. ¿Cómo explicar el sometimiento del presidente del Gobierno español al rey de Marruecos? ¿Cómo entender lo que a todas luces parece una rendición incondicional? El caso es que en las últimas semanas se ha ido extendiendo por Madrid la especie de que quizá lo del material del software Pegasus, una información a la que los servicios secretos marroquíes accedieron a poco de llegar Sánchez a Moncloa -Rabat empezó a utilizar Pegasus en 2017, al punto de haber espiado en 2019 nada menos que al presidente francés Macron y a su primer ministro Édouard Philippe, un escándalo que se hizo público en julio de 2021 y que congeló las relaciones entre ambos países durante meses- en manos del vecino del sur no sea más que fuegos artificiales, material fungible, sí, bien, algún que otro insulto más o menos grosero a Felipe VI, algún negociete al descubierto de la pareja presidencial o de su entorno, pero eso, en el trazo largo de la corrupción que cerca a la pareja, suena a escándalo menor, cosa de un par de días, no más. Tiene que haber algo más para que el felón se arrastre de forma tan vergonzosa ante el Mohamed VI. Y la razón, para algunas fuentes cercanas a la madrileña Cuesta de las Perdices, no puede ser otra que la pasta, dinero contante y sonante.

Algo lo suficientemente fuerte como para que el chantajeado trague lo que está tragando y del modo en que lo está haciendo, dejándose todas las plumas en la gatera de Ceuta. Algo que le afecte directamente de un modo muy grave. Puede que sean los negocios del «clan promarroquí» del socialismo español, con Zapatero, Bono y Moratinos como avanzadilla y José Manuel Albares como brazo ejecutor, al que se habría sumado Sánchez de la misma forma en que se ha unido al «clan chino» del expresidente, con hasta cuatro visitas al país asiático. Apenas dos meses después de la primera invasión marroquí de Ceuta, mayo de 2021 (en respuesta a la decisión del Gobierno español de atender con gran secreto a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, del cáncer que padecía en un hospital de Logroño, iniciativa que Rabat descubrió gracias al software Pegasus), Sánchez, para calmar a Mohamed, destituyó de forma fulminante a la entonces titular de Exteriores, Arancha González Laya, que pagó los platos rotos de la atención a Ghali, y puso esa importante cartera, por expresa petición de Marruecos, en manos de Albares, nuestro Napoleonchu, la inanidad engalanada más absoluta, hasta ese momento embajador de España en París. O puede que el sultán de Rabat haya tirado de chequera, siempre supuestamente, como opina alguna gente importante, para poner unos dólares en una cuenta en Bahamas o Panamá, valen también las criptomonedas en Singapur o Hong Kong, y eso lo explicaría todo. Y además es posible que ese regalo esté registrado en las conversaciones del Pegasus, un mensaje grabado según el cual el obsequio del que te hable, querido mío, ya ha llegado a destino. El sultán, amo de Marruecos, es muy generoso con quienes le sirven con eficacia. Y siempre se ha dicho que lo de Sánchez no va de política ni de ideología, que va de negocios, de pasta, como demuestran los escándalos de corrupción de su entorno y el interés personal suyo por meter la mano en las empresas del Ibex.

Un regalo al que este trilero de la política creyó poder responder con concesiones no excesivamente onerosas, caso del Sahara Occidental, capaces de mantener contento al sultán, un santo más en el imaginario sanchista al que vestir con el lenguaje de la «pacificación», la «cooperación» y demás ítems de ese libreto ensayado con éxito tanto con Bildu en el País Vasco como con Puigdemont en Cataluña. Pero Sánchez, que se ha atrevido a incursionar en la geopolítica con enorme desparpajo hasta el punto de autoproclamarse némesis de Donald Trump, no ha sabido con quién se estaba jugando los cuartos. Sea lo que sea el material en su poder, el sultán de Rabat, con el respaldo de Washington, le ha visto débil y arrinconado y ha decidido tensar la cuerda de Ceuta y Melilla (mejor intentarlo ahora que con un Gobierno de la derecha). Mohamed ha olido sangre. De modo que el bellaco se encuentra ahora «too pregnant, too enfranchised» para cambiar, siquiera moderar, su servilismo hacia el señor de la chilaba. Esta vez, su instinto de doblar la apuesta, huir hacia adelante y hacer como que se la pela todo le acerca peligrosamente al abismo de la cárcel. Delito de alta traición.

Y, ¿por qué Mohamed lo lleva a un punto tal de tensión que podría terminar en la pérdida de un tan valioso peón? ¿No parece eso un contrasentido? Ambos podrían haber llegado a un cierto acuerdo entre mafiosos. Aquí un esclavo, un siervo, un mendicante, pero déjeme, Majestad, que parezca que le respondo, permítame cuatro aspavientos para cubrir las apariencias de forma que no parezca tan evidente la felatio. Se le escapó, sí, aquello de la «violación de la integridad territorial de España», pero debió ser un lapsus porque enseguida se arrepintió y salió huyendo como en Paiporta. Alguien le llamó al orden. Núñez Feijóo le preguntó el miércoles en el Congreso si había hablado con el rey de Marruecos, y el aludido dio la callada por respuesta. En realidad todo ha sido peor, porque no solo no ha hecho frente a la invasión sino que ha tratado de justificarla achacándola a «la desigualdad de riqueza y oportunidades entre ambos lados de la frontera», una «realidad estructural» (sic) en la que el monarca absoluto de Marruecos no tendría nada que ver. Pero, ¿por qué arriesgarse a perder semejante peón? Varias posibilidades, todas compatibles. Que el sultán lo dé por amortizado y haya decidido aprovechar la ocasión para dibujar un «high water mark» con Ceuta y Melilla antes de que lo echen a patadas (los británicos ya han conseguido algo parecido en Gibraltar y aquí ni nos hemos enterado), o incluso que el ala dura de Palacio se haya inclinado por una política de hechos consumados frente a un enemigo en fase terminal, como sucedió con el Sahara en los últimos días de Franco. Una ‘marcha azul’. Sin descartar que lo que pudo ser la escenificación de un pulso fácil contra un Gobierno débil para consumo interno y externo, se le fuera de las manos a un régimen reñido con cualquier excelencia en la ejecución de las cosas. Y sin olvidar también las distintas corrientes que conviven en el Majzén, las peleas y sabotajes internos cara a la sucesión del monarca (el príncipe heredero, Mulay Hasán, está decidido a vengarse de los responsables del repudio de su madre, la princesa Lalla Salma).

Mientras las sospechas de chantaje alcanzan ya en toda España la categoría de clamor («¿Qué había en su teléfono? ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?», le preguntó Feijóo hace dos semanas en el Congreso; «¿Qué le debe usted a los atacantes de Ceuta que no se atreve a señalarlos? ¿Qué saben de usted?», le espetó por su parte Santiago Abascal), pocos dudan de que, en esta hora crepuscular, todo su interés está centrado en trincar lo que pueda y a gran escala. Sabe que cuando abandone Moncloa no le será posible ganarse la vida cobrando unas comisiones, al estilo Zapatero, con llamadas a empresarios y banqueros, y sabe incluso que muy posiblemente no podrá seguir viviendo en España, así que la aventura por el ancho mundo de un narciso necesitado de perpetua adulación reclama como primera condición el estatus de millonario, porque la alternativa es la autodestrucción psicológica, de modo que un cheque de 200 o 500 millones de dólares puesto en lugar seguro es un argumento capaz de despejar muchas incógnitas y de aliviar la carga moral más ominosa. Mucho material para la historiografía futura, junto a la necesidad inapelable de aferrarse al poder para evitar el riesgo de ser descubierto y acabar en el banquillo por motivos varios, todos de cárcel. «Ya ni esconden que nos van a dar un golpe», ha escrito Abascal en la red social X. «Un golpe de Estado, perpetrado por Sánchez y su mafia, contra los españoles y su soberanía. Sánchez va a intentar todo para seguir en el poder y para salvar de la cárcel a los suyos. Es una irresponsabilidad darlo por derrotado». Afirmación que hoy, entrevistado en este diario, remacha con esta advertencia: «Las encuestas son solo encuestas, que nadie se olvide de lo que pasó en 2023».

Lo fascinante de la polvareda levantada por la decisión del Supremo de suspender de manera cautelar el voto de los ya inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la llamada ‘ley de nietos’ hasta que acrediten su condición de familiares de exiliados, es el desparpajo, la desvergüenza, la exuberancia incluso con la que tanto el Gobierno como sus altavoces mediáticos reconocen abiertamente que sí, que lo que querían era incorporar, de forma más o menos subrepticia, nuevos votantes al electorado potencial del sanchismo, que lo que pretendían era inflar el censo, que lo que buscaban era el pucherazo, sí, ¿qué pasa?, admiten en plan retador. Siempre hemos asumido que el delincuente tipo no solo no alardea de sus actos, sino que trata de ocultarlos o al menos enmascararlos. Los delincuentes de este Gobierno, no; se pavonean del delito y lo manifiestan abiertamente. «Esto nunca fue de los derechos de los exiliados, sino de arrancar un puñado de escaños marginales y, de paso, seguir envenenando el ambiente», ha escrito Ignacio Varela. Esta semana hemos sabido que desde 2022 la Oficina del Censo Electoral no ha exigido a los nacionalizados en virtud de la ‘ley de nietos’ prueba documental alguna de su vinculación o arraigo con las provincias en las que deseaban quedar inscritos a efectos electorales, lo que nos lleva a sospechar con fundamento que ya en julio de 2023 pudo haber pucherazo, como algunos «fachas» han venido sosteniendo desde entonces: los 5 escaños que le faltaron a la suma PP+Vox+UPN para llegar a la mayoría absoluta.

Lo volverán a intentar. Con Conde-Pumpido, un vulgar operador político del PSOE proclive a la prevaricación descarada, al frente del Constitucional, tratarán de dar la vuelta a cualquier fallo definitivo del Supremo al respecto. Es sabido que una democracia muere cuando las instituciones diseñadas para limitar el poder terminan protegiéndolo. Lo intentarán por todos los medios. El fin de fiesta al que nos someterá el autócrata tendrá resonancia histórica. Y la obligación de los demócratas españoles será oponerse a tales designios con todas sus fuerzas. De momento, toca rescatar Ceuta de la incuria gubernamental. Sigue llamando la atención que 52 días después de la invasión, el Congreso no haya aprobado un Decreto Ley para abrogar las normas que impiden la devolución inmediata de los invasores. Aznar ha pedido el despliegue del Ejército en la ciudad autónoma: «Los militares tienen la obligación constitucional de defender el país y el Gobierno tiene la obligación constitucional de garantizar nuestras fronteras. Y todo lo demás es cobardía, incompetencia y traición; las tres cosas». Desplegar al Ejército y declarar el estado de excepción para poder aplicar sin miramientos el art. 24.2 de LO 4/1981 de los estados de alarma, excepción y sitio, aquel que dice: “Uno. Los extranjeros que se encuentren en España vendrán obligados a (…) Dos. Quienes contravinieren las normas o medidas que se adopten, o actuaren en connivencia con los perturbadores del orden público, podrán ser expulsados de España…”. Todo lo demás es cobardía, incompetencia y traición. Y no, no vamos a rendirnos.