El examen a los límites de la actividad privada en el umbral del poder llega precedido de una brecha que no conviene pasar por alto. Casi en el tiempo de descuento antes de jubilarse -paso que dará este domingo-, Peinado confirma tras dos años de instrucción los indicios delictivos contra Gómez: la gestión de la cátedra, la apropiación del software y el uso de recursos públicos. Sin embargo, la Fiscalía pide la absolución, mientras que la Audiencia Provincial recortó el perímetro inicial de la causa -dejó fuera los supuestos de corrupción en los negocios y apropiación indebida-, alimentando las dudas sobre el recorrido real del caso.

Que las discrepancias más estridentes lleguen desde el Gobierno y el PSOE constituye un ataque impropio a la separación de poderes. La reacción de La Moncloa, al calificar ayer el procesamiento de «acoso» y «persecución judicial», traspasa la barrera de la legítima defensa para adentrarse en un peligroso cuestionamiento de la Justicia que debilita el Estado de derecho. No obstante, poco ayudan al rigor procesal algunas abruptas decisiones del instructor: desde desplazarse a La Moncloa para tomar declaración como testigo al presidente, hasta la imposición de medidas cautelares a su mujer y el momento elegido para anunciar la apertura de juicio oral, justo cuando Sánchez emprende viaje a Nueva York para participar en la cumbre de la ONU.

Sería deseable que el jurado logre blindarse tanto de las condenas preventivas de la calle como de las injerencias políticas, para determinar con rigurosidad si Begoña Gómez utilizó la influencia de su marido en favor de sus proyectos privados y ambiciones personales. Y, en ese supuesto, saber separar con nitidez el eventual reproche penal de la exigible ejemplaridad pública. Ley y ética se citan en el banquillo: la primera puede acarrear una condena; la segunda sostiene la credibilidad de las instituciones.