Ignacio Camacho-ABC
- Constituido en tribunal para ahorrar a la Justicia dinero, tiempo y molestias, el Gobierno ha juzgado a Begoña y la ha declarado absuelta
El Gobierno ya ha juzgado a Begoña Gómez y ha emitido veredicto de inocencia. Se da la circunstancia de que el juicio aún no se ha celebrado, ni siquiera tiene fijada fecha, pero Moncloa y el PSOE, constituidos en tribunal unánime, la han declarado absuelta. Y además han razonado el motivo para evitarle al jurado popular la molestia: falta de pruebas. También han decretado que la persecución, perdón, la instrucción del sumario está mal hecha –«errática y desproporcionada»– para facilitarle al Constitucional la tarea en el supuesto de que sea menester que se pronuncie sobre la sentencia. Caso cerrado; sólo falta sancionar a la acusación particular por malgastar el dinero de los contribuyentes poniendo bajo falsa sospecha una impecable trayectoria académica.
Hay unas frases irrefutables en el auto del juez Peinado. Son las que hablan de la coincidencia del ascenso al poder de Sánchez con un «cambio significativo e inmediato» en la carrera profesional de su esposa, con rasgos que «la apartan del cauce ordinario». «Indicios de aprovechamiento de su proximidad al presidente», aprecia el magistrado. La concatenación temporal de los hechos no presupone un delito pero parece articular un relato de meteórico progreso universitario por cauces fuera del alcance de la mayoría de los ciudadanos. Nada raro, suspicacias torcidas, rumores malintencionados que por fortuna el Ejecutivo y sus arúspices saben neutralizar proclamando su fallo con suficiente adelanto para ahorrarle a la Justicia el trabajo.
He aquí otra relevante innovación democrática del sanchismo: la prescindibilidad de los procesos judiciales. El líder y sus delegados o portavoces actúan como los cadíes del califato cordobés, aunque sin la prosopopeya del marco de la mezquita como recinto de arbitraje; escuchan sucintamente a las partes y pronuncian rápidas resoluciones irrevocables, sea sobre el fiscal general del Estado, la ‘ley de nietos’, un músico mediocre conectado a un enchufe de alto voltaje o la fulgurante promoción de una señora con escasos méritos curriculares. Sin necesidad de togas ni puñetas de ninguna clase. Una rueda de prensa, un comunicado en la red X o un comentario del sabio Patxi y asunto zanjado con el comodín del ‘lawfare’.
Ni juzgados de instancia, ni Audiencias ni Supremos: la hegemonía política como ley y el gobernante como intérprete del derecho. Alfonso Guerra siempre ha negado que pronunciase la frase de que Montesquieu ha muerto, pero la dijera o no ha terminado por volverse cierta con el tiempo. La separación de poderes, esa antigualla constitucional, ha fenecido y Pedro oficia el entierro revestido con la autoridad que le otorga saberse en el lado correcto. Y si algún ropón rebelde aún no se ha enterado y se empeña en ejercer su función, Cándido espera al final del trayecto para amarrar con su magia jurídica los cabos que puedan quedar sueltos. De qué diablos sirve mandar si no puedes usar la voluntad para sacar a tu gente de un aprieto. Por eso necesita otra legislatura al menos. ‘Free’ Bego.