El frente del expresidente resulta especialmente revelador por su resistencia a ofrecer explicaciones. Zapatero aseguró el pasado 17 de junio que «en una semana o diez días» aclararía el origen de las joyas encontradas por la Policía en la caja fuerte de su despacho. Han transcurrido más de tres meses y esa explicación no ha llegado. Ha tenido que ser el juez quien le conceda ahora tres días para presentar la documentación de que disponga y quien ordene una nueva pericial sobre las piezas. A ello se añade la citación como investigadas de sus dos hijas por los pagos recibidos de Julio ‘Julito’ Martínez, asesor de Plus Ultra, y otros clientes por trabajos de marketing cuya naturaleza investiga la Audiencia Nacional.

Zapatero tiene, por supuesto, pleno derecho a defenderse, impugnar diligencias y recurrir cualquier actuación que considere contraria a sus intereses. Pero esas garantías no convierten el silencio en una explicación ni eximen a un expresidente del deber político de transparencia, especialmente cuando fue él mismo quien se comprometió públicamente a aclarar los hechos.

El caso de Begoña Gómez está ya en una fase diferente. Terminada la instrucción, Peinado ha acordado que sea juzgada por tráfico de influencias y malversación. Gómez conserva íntegramente su presunción de inocencia y podrá ejercer todos sus derechos ante el tribunal. Lo verdaderamente inquietante, por tanto, no es que el Gobierno defienda su inocencia, sino que haya reaccionado atacando de nuevo al juez y dirigiéndose incluso a quienes formarán el jurado. La Moncloa ha «condenado» la decisión judicial, ha calificado la instrucción de «arbitraria e injusta» y ha vuelto a denunciar una persecución contra la esposa del presidente. Pero ha ido más lejos al proclamar su «plena confianza en que el jurado será ecuánime e impartirá justicia». Es una formulación impropia del Ejecutivo. Los futuros jurados son ciudadanos investidos temporalmente de una función jurisdiccional y deben afrontar esa responsabilidad libres de cualquier señalamiento o presión procedente del poder político.

Este no es un episodio aislado. Forma parte de una estrategia demasiado habitual de deslegitimación de quienes incomodan al Gobierno, sean jueces, periodistas o adversarios políticos. La ofensiva contra Peinado resulta especialmente censurable cuando está a punto de jubilarse. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, calificó su decisión como «el último servicio a la patria antes de colgar la toga», una descalificación personal que pretende presentar una resolución judicial como la maniobra final de un magistrado movido por intereses políticos.

Un Gobierno puede discrepar de las decisiones judiciales y las partes pueden recurrirlas. Lo que resulta incompatible con una concepción institucional del poder es desacreditar sistemáticamente a los jueces cuando sus resoluciones afectan al círculo presidencial y, ahora, anticipar mensajes al jurado que deberá juzgar a la esposa de Sánchez.