Ignacio Camacho-ABC
- Ya no tiene sentido especular con fechas electorales. La legislatura es la fuga de un gobernante perseguido por sus responsabilidades
En una lógica política normal, Sánchez convocaría elecciones cuando atisbe alguna posibilidad de éxito, escenario que no existe en este momento. Esperaría que algún acontecimiento relevante, en el ámbito nacional o en el extranjero, le permita dar un vuelco al marco de debate que ahora mismo le resulta completamente adverso. Un contexto de crisis global, una reedición del 15-M en torno al problema de la vivienda, un veredicto favorable a la ‘ley de nietos’ que introduzca en el censo cientos de miles de votantes nuevos. Podría incluso forzar él mismo una situación de polarización aún más extrema, o en el menos propicio de los supuestos apurar todo lo posible su estancia al frente del Gobierno. Pero sucede que la lógica política en España saltó por los aires hace mucho tiempo.
Así las cosas, la duración real de la legislatura está en manos de un puñado de magistrados. Es en los tribunales de Justicia donde se va a decidir el futuro de este mandato. Ni Ceuta, ni los desahucios, ni el regreso de Puigdemont ni la improbable aprobación de los Presupuestos determinarán el calendario. A Pedro sólo le preocupan los juzgados, con los de la Audiencia Nacional en primer plano. La fecha del juicio de Begoña tiene para él mucha más importancia que cualquier avatar político o social que pueda presentársele de aquí al verano. Y en segundo término, la hipótesis no descartable de que los sumarios de las cloacas o de la financiación del partido acaben provocando su citación para declarar como imputado.
El resto de las especulaciones carece de sentido. La decisión es estrictamente personal del presidente, y en su caso la palabra personal tiene un significado extensivo a sus intereses particulares y los de su círculo íntimo. Yo, mí, me… conmigo. Ya pueden desgañitarse los candidatos municipales y autonómicos, en ataque de pánico ante el descalabro presentido. Ya puede manifestarse la derecha impaciente, ya puede clamar en el desierto el periodismo. No hay otro factor clave que el horizonte penal del jefe del Ejecutivo, cuyo conflicto con el poder judicial adquirirá en los próximos meses caracteres paroxísticos. Una investidura surgida de un pacto con delincuentes sólo podía desembocar en una carrera contra las sospechas de delito.
El problema ya no es si marzo, mayo o julio: es la eventualidad de llegar al día y la hora en medio de una convulsión grave, una atmósfera de crispación civil susceptible de estallar en una brusca catarsis. Esta legislatura se ha convertido en la fuga desesperada de un dirigente resuelto a eludir sus responsabilidades por todos los medios que encuentre a su alcance, y tal vez dispuesto a llevarse la estructura del Estado por delante. La mayoría de los ciudadanos no parece consciente de la trascendencia de este choque de legitimidades. El enfrentamiento con los jueces sólo puede conducir a una fractura institucional de consecuencias irreparables, y por el bien del país, de la democracia y de la convivencia más vale que sea la magistratura la que gane.