La diferencia consiste en que Sánchez no es Rubalcaba, que gestionó la caída de ZP y el subsiguiente descalabro sin renunciar a su firme concepto institucionalista del Estado. El presidente ha absorbido el espacio a su (extrema) izquierda a base de subrogarse buena parte de sus postulados, y por más que la crisis de precios se haya disparado durante su mandato ha entrevisto una oportunidad de levantar sus maltrechas expectativas en la nueva revuelta contra los desahucios. En teoría lo tiene difícil por el fracaso de su gestión habitacional en ocho años, pero a falta de capacidad para sacar pisos de protección pública al mercado posee una demostrada habilidad de armar relatos. De momento ha conseguido equiparar la ineficacia de sus leyes con la torpeza de Ayuso al comprar un ático con el dinero de los ciudadanos. Es cuestión de tiempo, quizá no demasiado, que se ponga al frente de las manifestaciones y coloque a la oposición el marchamo de desaprensiva protectora de los grandes propietarios.

A su favor juega el hecho de que la escasez de vivienda sí es transversal y afecta tanto a las clases medias como a las capas más desfavorecidas. Se trata de una preocupación generalizada, extensiva, que abre campo a las reacciones antipolíticas donde siempre se mueve mejor la demagogia sanchista. Como además las competencias sectoriales están transferidas a las autonomías –que tampoco han obtenido mejoras significativas– es fácil sacarse los reproches de encima apelando a las responsabilidades compartidas. El Gobierno está en una situación tan crítica que cualquier empate, aunque sea en desaciertos, le beneficia, máxime en un debate que ha suscitado incluso en cierta juventud conservadora una reclamación proteccionista. Y en el peor de los casos, la reactivada movilización callejera supone una especie de ensayo de lo que le espera a la alternativa. Un entrenamiento para volver a las barricadas con la táctica bien aprendida.