El efecto ha sido inmediato: no es casualidad que las dos rebeliones de los indignados en este siglo se las hayan montado a sendos gobiernos socialistas. La revuelta de mayo de 2011 pilló a Zapatero ya de salida y dio alas a la irresistible irrupción de Podemos tres años más tarde. Ahora, en el ocaso del sanchismo –si no fallan las predicciones–, los de Irene Montero, iluminados por el triunfo berlinés de la extrema izquierda alemana con promesas de expropiación, necesitan que las tiendas de campaña en Sol fuercen, esta vez, su resurrección política. La misma confianza anima a Sumar, del mismo modo que Pedro Sánchez espera hacer de la necesidad virtud y reanimar a la alicaída izquierda a su izquierda (¿extrema izquierda?) para así mantener vivo el sueño improbable de reeditar el bloque de investidura, 179 escaños que coincidieron cuando había un botín político que cobrarse y que hoy parecen incapaces de ponerse de acuerdo para convalidar un decreto que ya ha decaído otras veces sin mayor escándalo social. Si no fuera por la avidez con que se espera la rentabilidad política del drama humano de Maricarmen (y de tantas familias), cuesta entender hipérboles como de la de Pablo Iglesias coronando a una anciana que no representa en sí misma la cara más acuciante del problema –la escasez de oferta frente a una demanda desbocada, las ciudades que expulsan de su seno a las clases medias– como «nuestra Rosa Parks». O tiros en el pie como el de la vicepresidenta Yolanda Díaz y sus arengas para manifestarse en la calle contra el Gobierno del que ella forma parte.

Esos dos ejemplos ilustran de manera cruda el cálculo político que mueve los hilos de las agónicas negociaciones del decreto que hoy aprobará el Consejo de Ministros. El mismo cálculo político que decidirá, más allá de la bondad de las medidas, si el Congreso lo convalida dentro de unas semanas o lo devuelve al fondo del cajón, forzando de paso, al Ejecutivo a disolver las Cortes Generales en otoño para presentarse a las generales con el programa de máximos que ha sido incapaz de aprobar, siquiera rebajado, desde el poder.

Todo sería más sencillo si las partes entendieran que no pueden ganar en todo y que, cuando se trata de hacer viable el proyecto de vida de millones de votantes, poner la ideología por delante no funciona. ¿Renunciar a reformar la Ley del Suelo para complacer a Podemos es de recibo cuando es evidente que sólo construyendo de manera ágil podrá empezar a equilibrarse la balanza? ¿De verdad aligerar la burocracia equivale a favorecer los pelotazos urbanísticos de unos pocos? ¿Poner el listón en maximalismos como la prohibición por ley de cualquier desahucio ayuda a ver la luz o hace el túnel más oscuro? Evidentemente, el elefante no va a evaporarse en cinco minutos, como ha señalado Feijóo, en previsión, seguramente, de que tampoco las medidas que él aplique serán un bálsamo mágico. En lugar de llamar buitre a cualquiera que tenga un piso disponible para alquilar, convendría centrarse, de verdad, en acabar con el uso de la vivienda como bien especulativo, pero también en dejar de lado la tomadura de pelo que supone legislar a golpe de chantaje emocional, de heridas abiertas en el tejido social y con la única guía de la dirección en que sople el viento de las urnas. El maldito relato, otra vez.