Convertida por sobradas razones en la principal preocupación social, la dificultad para lograr un techo digno agrieta los pilares del Estado del bienestar y mantiene encofrado un derecho fundamental, especialmente crucial para los millones de personas que ven cercenada su ilusión por prosperar en un piso: jóvenes que buscan emanciparse, familias que luchan por un mejor porvenir, usuarios lastrados por su falta de recursos y una clase media ahogada por pagos inasumibles de afrontar para su nivel de ingresos.

Los decretos del Gobierno de Pedro Sánchez, más allá de contrarrestar la conmoción por la salida de Maricarmen de su hogar, son la señal de un fracaso por mucho que se camufle deprisa y corriendo. Primero con Podemos como socio y ahora con Sumar, el Ejecutivo socialista acumula ocho años de insuficientes medidas para corregir la situación. En la práctica, una deficiente gestión compartida con los ayuntamientos y las comunidades gobernadas en su mayoría por el PP. La propuesta, sustentada en prohibir los desahucios de personas vulnerables hasta 2030, prorrogar dos años los alquileres e incentivar la compra de la primera vivienda, llega el viernes al Congreso en un clima demoledor para la construcción de cualquier pacto, incluido en el bloque de investidura.

Salir de la sesión sin fraguar un acuerdo sería añadir paladas de frustración a la sociedad. Es el momento de que la ley ofrezca seguridad a quienes están bajo el mismo techo: los inquilinos más frágiles y también los propietarios porque el fin es ampliar el parque del alquiler a precios asequibles. Eso se consigue con una reforma que garantice la protección, los límites a la especulación y más promociones. Está por ver si el descontento social se canaliza en la vivienda, reflejado en acampadas como la de Sol, o se extiende a otros frentes.