Puede que el 29 de noviembre sea el último día del régimen heredado de la Transición. Lejos de comportarse como un pato cojo, Sánchez lo ha dispuesto así. No es solo el empleo de proclamas mitineras y de los argumentos retocidos, sino también la aplicación misma de unas fórmulas políticas carentes de cualquier límite ético que nos retrotraen al ambiente previo a la Guerra Civil: exarcebar la diferencia y poner a las dos Españas latentes en rumbo de colisión.

En realidad, el presidente del Gobierno no ha tenido más objeto en sus años de Gobierno que enterrar el espíritu de consenso sobre el que se fundamenta nuestro Estado y la propia convivencia de los españoles. Su indigencia es moral, algo que llevó hace tiempo a Santiago Abascal a hablar de la ventaja que carecer de ella otorgaba a Sánchez respecto a sus oponentes políticos. Desde luego, estaba en lo cierto.

La izquierda es más de frentes que de diques, y aquellos tienen su correlato en la iniciativa de buscar una candidatura única en el Senado, que, total, aguanta todo tipo de experimentos electorales. Lo novedoso es que el PP y Vox meditan dar la réplica en la Cámara Alta con el propósito de presentar listas conjuntas en aquellas provincias en las que se disputa cada voto como en la novela de Delibes.

En realidad, Sánchez concibe esta nueva carrera como un remedo de la del 23-J: la disyuntiva entre su misión política y el advenimiento del neofascismo. Solo que esta vez el centroderecha lleva la iniciativa amparado por una mayoría sociológica que ha venido fraguándose durante el ciclo abierto en Extremadura el pasado 21 de diciembre.

La flor no dura para siempre, tampoco a Sánchez, y su envite plebiscitario asoma cada día más errático: ya nadie se acuerda de Maricarmen, el Rey ha hablado para reavivar la llama de Ceuta, Europa le ha cogido la matrícula y los contrapesos institucionales están haciendo su trabajo. Solo le queda el blindaje, el suyo y el de unos pocos correligionarios como Óscar López, Antonio Hernando, Pilar Sánchez Acera… el equipo médico habitual.

La panacea es la consecución de la estabilidad mediante un proceso previo de regeneración. La acción legislativa de este Gobierno ha sido, con mucho, el legado más lesivo de la autocracia sanchista. Y ese, probablemente, será el primer ámbito precisado de un plan de choque: recuperar el parlamentarismo devolviendo a las Cortes su papel residente de la soberanía nacional. No es para menos. Sánchez ha urdido una batería normativa dirigida a vaciar el Estado de derecho. Basta repasar si no la intentona de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la que la instrucción pasa al fiscal y se estrecha el margen de la acción popular. Es solo un ejemplo sobre cómo desde la legalidad es posible articular espacios de impunidad a los ‘colaboradores necesarios’, las cloacas vinculadas al PSOE, pongamos por caso.

Paradójicamente, ni Maricarmen ni Sánchez acabaron con una legislatura que nunca debió ser alumbrada; fue Junts. Podrá gustar más o menos, pero la verdad es la verdad la diga Agamenón o su porquero.