Los controles se limitaron a comprobaciones de documentación e identidad en puertos y aeropuertos, sin llegar al cierre de las comunicaciones ni a la suspensión completa de los desplazamientos entre ambos países. Sin embargo, fue una decisión muy arriesgada. Al alterar el funcionamiento habitual del espacio Schengen, suspendió de facto el principio de solidaridad europea y abrió la puerta a un clima divisivo en el seno de la Unión que pudiera ser inoportuno y fácilmente aprovechable por potencias hostiles al continente, como Rusia. Tras más de dos meses de pulso, Sánchez y Meloni han acordado poner fin al cruce de controles fronterizos. Si bien tardío, resulta tranquilizador y cierra uno de los enfrentamientos diplomáticos más importantes entre ambos ejecutivos en los últimos años.

La política migratoria de la Unión Europea ha adquirido una relevancia creciente, hasta el punto de que hoy decide el curso de muchas elecciones. De hecho, el acuerdo de ayer entre Italia y España coincidió con la cumbre del Consejo Europeo, durante la cual la inmigración fue una cuestión central en las conversaciones de los Veintisiete. Los líderes reconocieron la «situación especial» de Ceuta y Melilla como única frontera de la UE con África, pero varios se mostraron muy críticos con la política migratoria española. Entre ellos, la danesa Mette Frederiksen, socialista, quien cuestionó de manera velada el proceso de regularización extraordinaria de migrantes de su compañero de filas. Mientras ella exigió a Bruselas que analice el caso de «un país que hace prácticamente lo contrario a los demás», Sánchez se comprometió a rebatir con datos los reproches y abogó por una gestión respetuosa con los derechos humanos. La tensión continúa en territorio Schengen.