El Tribunal Constitucional (TC) tomó ayer la única opción de las posibles al inadmitir el recurso de amparo interpuesto por el defensor del pueblo contra la suspensión de los efectos electorales de la llamada ‘ley de nietos’, acordada por el Tribunal Supremo. Ni la más flexible de las interpretaciones habría permitido admitir el amparo firmado por Ángel Gabilondo. Es la propia ley del TC la que exige que, previamente a la demanda de amparo, se agote el proceso judicial en el que ha podido lesionarse un derecho fundamental. El recurso de Gabilondo era muy prematuro. Una contundente mayoría de diez votos en contra de la admisión, frente a solo dos a favor, revela que el amparo no era viable y hace legítima la pregunta sobre los motivos que llevaron al defensor del pueblo a tomar tan descabellada iniciativa. Quizá la respuesta esté en que solo Gabilondo se prestó a ayudar al Gobierno, aun a costa de su prestigio, como así ha sucedido. La mayoría de los magistrados del TC afines al Gobierno, con Conde-Pumpido a la cabeza, también ha certificado que el ciclo de su apoyo al sanchismo ha entrado en una fase menos militante, quizá animados por el cese de mandato de varios de ellos, obligados a iniciar nuevas etapas profesionales, previsiblemente con un Gobierno de derechas.

De cara al Supremo, las cosas siguen donde se quedaron, a la espera de que termine el plazo concedido para que se personen aquellos que se consideren perjudicados por la suspensión de su voto. Quienes lo hagan, podrán contestar a los recursos contra la aplicación de la ‘ley de nietos’ y también oponerse a las medidas cautelares. Sin embargo, el verdadero campo de discusión está fuera del Alto Tribunal. Se encuentra en el Ejecutivo, en los consulados y en la Administración electoral, que son los encargados de cumplir puntualmente y en su integridad las medidas cautelares acordadas por la Sala Tercera. La actitud gubernamental está siendo de una inacción desobediente, escudándose en la dificultad para localizar los documentos requeridos por el Supremo. Es una excusa para boicotear las medidas cautelares y acabar permitiendo, por la vía de hecho, que el 29-N voten quienes no deberían votar. No se puede negar que quizá existan dificultades técnicas, pero el plazo para cumplir la suspensión comenzó el 10 de septiembre pasado y la Abogacía del Estado no ha dado explicaciones al respecto. Este es un escenario que legitimaría a la Sala Tercera a aplicar medidas coercitivas para que la Administración electoral cumpla con lo ordenado, porque es una obligación indiscutible. Y la opción de denunciar a los funcionarios responsables por desobediencia sería igualmente legítima. Si el Gobierno está midiendo, de forma provocadora, hasta dónde está dispuesto a llegar el Supremo, los precedentes le demuestran que los magistrados del Alto Tribunal han asumido sin matices el compromiso constitucional de ser los máximos intérpretes de la legalidad ordinar ia y también los primeros llamados a proteger los derechos fundamentales que estén en liza en el proceso.

No ha sido la Sala Tercera del Tribunal Supremo quien ha creado ese monstruo jurídico de la ‘ley de nietos’, sino el propio Gobierno a través de la fraudulenta instrucción firmada por Sofía Puente, con la que se alteraba, sin competencia ninguna, sin rango normativo, sin mandato legislativo, el ámbito de aplicación de la ley de 2022 de memoria democrática. Puente tendrá ocasión de aclarar su implicación en la génesis de esa instrucción, porque un juzgado de Madrid va a investigarla por un posible de delito de prevaricación. Es cierto que una querella similar ya fue inadmitida, pero, como bien sabrá el Ministerio Fiscal, la jurisprudencia del Supremo no concede a una inadmisión de querella efectos de cierre definitivo que impida volver a estudiarla.

El conflicto jurídico, institucional y político que existe en torno a la ‘ley de nietos’ es fruto de la osadía legislativa del Gobierno y de su falta de respeto a unos límites esenciales en el ejercicio del poder democrático. Aunque recupere la propaganda del ‘lawfare’ –cosa que hará– o renueve sus ataques a los jueces, en los que tendrá que incluir a los diez del TC, todo tiene un límite y el Estado de derecho ha llegado a aquel en el que le toca defender su existencia como lo están haciendo las Salas Segunda y Tercera del Tribunal Supremo.