En los tres lustros transcurridos tras la declaración del final de ETA, se ha ido imponiendo en el País Vasco un relato que, lejos de deslegitimar a esa organización terrorista –y a sus extensores políticos–, la han convertido en un mero accidente. Dos son los elementos de esa narrativa. El primero niega que el terrorismo tuviera efectos demoledores sobre la economía vasca y que, en todo caso, la rémora que pudo haber existido fue paliada gracias a la autonomía fiscal. Semejante idea fue refutada en 2003 por Alberto Abadie y Javier Gardeazábal en un artículo de la American Economic Review, por lo que puede afirmarse que la decadencia vasca tuvo su raíz en las negativas consecuencias de la violencia sobre la inversión y las migraciones. Y el segundo es el que se ha construido en torno a la idea de que, como todos fuimos víctimas de ETA, no cabe pedir responsabilidades a quienes miraron hacia otra parte mientras se desarrolló la campaña violenta. Se obvia así que, de acuerdo con el Euskobarómetro, los que desviaron su atención fueron nada menos que el 89 por ciento de los vascos, en tanto que quienes no se doblegaron –unos 140.000– apenas llegaron al siete por ciento. Y se oculta también que entre los muertos (857), heridos (2.597), amenazados (1.500), damnificados por destrucciones materiales (31.000) y desplazados interiores (125.000), las verdaderas víctimas de la organización armada sumaron un total de 160.954 personas. Un caso particular de esto último fue el de los empresarios extorsionados, de manera que, como oportunamente se sostiene en el recién estrenado documental «Paga o muere», se afirma que todos ellos fueron víctimas indistinguibles ente sí. Una equivalencia ésta tremendamente injusta, pues de los 4.750 industriales que fueron amenazados por ETA, el 88 por ciento, en general impulsados por sus convicciones morales, aguantaron el tipo y asumieron el riesgo, mientras que el otro 12 por ciento financiaron cobardemente con su dinero los atentados criminales. Claro que, en esto de la pasta, esos empresarios fueron sobrepasados por el Gobierno Vasco y otras instituciones que pusieron a disposición del tinglado armado casi el 30 por ciento de su financiación. Así que hagamos las cuentas y librémonos de la narración mendaz.