La Audiencia Nacional ha aplicado la amnistía a los doce miembros de los CDR condenados por terrorismo tras los episodios de violencia que protagonizaron en Cataluña y que motivaron su detención en la operación Judas. Sánchez consigue así extender el alcance de la amnistía a delitos de terrorismo y malversación, en una operación que evidencia hasta dónde se ha retorcido la aplicación de la ley para alcanzar el poder y satisfacer intereses políticos. España se convierte en una anomalía democrática al tratar como susceptibles de amnistía conductas vinculadas al terrorismo y a la malversación destinada a financiar la ruptura de la unidad nacional. Esta decisión cuestiona el sentido de las resoluciones judiciales con el agravante de que somete la interpretación de la ley a la necesidad de obtener una mayoría parlamentaria. El precio de esta estrategia trasciende la coyuntura política. La erosión de la igualdad ante la ley y el cuestionamiento de la independencia judicial comprometen la confianza en el Estado de derecho. Cuando la conveniencia del poder prevalece sobre los principios jurídicos, la democracia pierde garantías esenciales.