La decisión de las izquierdas de concurrir en coalición a las elecciones al Senado del próximo 29-N ha obligado a PP y Vox a jugar sus cartas con astucia. Ambas formaciones han explorado una maniobra estratégica análoga para evitar la dispersión del voto conservador y rentabilizar sus apoyos.
Tras varias semanas de negociaciones, Miguel Tellado ha anunciado este lunes un «entendimiento» destinado a «frenar a la extrema izquierda» en la Cámara Alta.
El método de reparto acordado para concentrar el voto de centro y derecha en una veintena de circunscripciones consistirá en que Vox no presentará candidatura propia en seis provincias, a cambio de lo cual el PP renunciará a presentar listas en tres: Guipúzcoa, Gerona y Tarragona.
En otras catorce circunscripciones, Vox presentará un único candidato. De este modo, los votantes del PP podrán marcar a sus tres candidatos habituales, mientras que los simpatizantes de Vox podrán escoger al representante de su partido y a otros dos de la lista popular.
Esta fórmula mixta y salomónica permite satisfacer a ambas partes.
Por un lado, Vox se anota la victoria simbólica de forzar la retirada de un partido de Estado en tres provincias. Concesión que, en la práctica, carece de coste electoral para el PP, ya que en dos de ellas (Tarragona y Gerona) nunca ha obtenido representación, y en la restante (Guipúzcoa) no logra un senador desde el año 2000.
Por otro lado, el PP hace valer su condición de fuerza mayoritaria al ceder en tres provincias frente a las seis en las que se retira Vox, garantizando además que los de Abascal limiten su lista a un solo nombre en otras catorce, lo cual facilita que los escaños restantes recaigan en la formación de Feijóo.
Pedro Sánchez se ha apresurado a pronunciarse en sus redes sociales sobre el acuerdo.
Recurriendo a una argumentación falaz, el presidente ha afirmado que el pacto evidencia que PP y Vox «son lo mismo» y comparten un «proyecto de involución».
Esta endeble inferencia incurre en una abstracción que omite el elemento capital del asunto: la alianza conservadora es una respuesta de pura supervivencia electoral al pacto previo de la izquierda.
Su objetivo no es otro que maximizar los escaños en aquellas circunscripciones donde la fragmentación penaliza, evitando así que la coalición «Senado de Progreso» se convierta en la fuerza más votada y se apropie de los tres senadores que el sistema mayoritario otorga a la lista ganadora.
Cabe recordar que el PSOE y los partidos que integran el Frente Amplio acordaron concurrir juntos bajo dicha marca para traducir cada voto de la izquierda en representación.
Tampoco es menor la precisión de que el acuerdo PP-Vox se circunscribe estrictamente al Senado, a diferencia de la «mayoría Frankenstein» sobre la que se ha sostenido Sánchez en el Congreso durante la última legislatura.
La reacción del presidente le delata.
Si el hecho de diseñar una estrategia conjunta supone, a su juicio, que PP y Vox carecen de proyectos diferenciados, ¿qué cabría deducir entonces de sus pactos de gobierno y de legislatura con fuerzas populistas, separatistas y radicales?
Además, la alianza entre el PP y Vox es mucho menos maciza que la que él ha urdido con las formaciones a su izquierda.
En el caso del Senado de Progreso, sus integrantes no sólo contemplan gobernar juntos tras los comicios, sino que se han fusionado en la misma papeleta.
Bajo la fórmula de PP y Vox, en cambio, en la inmensa mayoría de las circunscripciones quien desee votar exclusivamente al PP o a Vox podrá seguir haciéndolo. Sin embargo, en casi toda España, el elector socialista tradicional se verá obligado a votar también al Frente Amplio.
Un frente que, no conviene olvidarlo, ampara a fuerzas que han jaleado la agitación callejera en los últimos días, como se vio en la amenaza de Manuela Bergerot advirtiendo de que «no habrá paz en las calles de Madrid». O como evidencian los recientes mensajes en un chat interno de Tesh Sidi —número dos de la candidatura del Frente Amplio por Madrid—, quien, tras el fallecimiento del Papa Francisco, celebró la noticia con escarnio.
Contra el relato de Moncloa, lo que demuestra este pacto para el Senado es que Feijóo y Abascal han priorizado la construcción de una alternativa de Gobierno a las conveniencias de partido.
Y para ello han consensuado una maniobra táctica destinada a intentar alcanzar los tres quintos en la Cámara Alta; una mayoría cualificada indispensable para renovar órganos como el Tribunal Constitucional, el CGPJ o el Defensor del Pueblo, y evitar así que el sanchismo perpetúe su bloqueo institucional aunque sea desalojado del poder.
El PP se ha aliado estratégicamente con Vox contra Sánchez, mientras que Sánchez se ha identificado con la extrema izquierda contra la mayoría de españoles. Si la derecha ha sumado fuerzas conservando la independencia de sus siglas, el PSOE ha disuelto las suyas mimetizándose con los radicales en una candidatura unitaria.
Según las estimaciones de SocioMétrica, esta estrategia otorga a la derecha un 90% de opciones de amarrar la mayoría absoluta en el Senado, y un 70% de alcanzar los 3/5 si ocho de cada diez de sus votantes secundan el pacto en estas 23 provincias.
El reto ahora será consensuar perfiles que movilicen al electorado de Vox sin ahuyentar al del PP. Y, sobre todo, convencer a los electores de ambos partidos para que secunden el reparto, así como explicar de manera pedagógica a sus votantes cómo efectuar este voto dual de manera efectiva.