En ochos años largos de gestión (es un decir), el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho jirones la fortaleza de una España herida, sometida a un insoportable proceso de deterioro reputacional que comienza a pagarse con la vida. La desabrida comparecencia de Óscar Puente, incapaz siquiera de pronunciar correctamente el municipio en el que se ha registrado una tragedia ferroviaria que ha matado al menos a otros 68 compatriotas, dictó por sí sola su sentencia particular atribuyendo el accidente “inverosímil” a un “incomprensible” error humano atribuido a un operario de Adif de la estación de Atocha que permanece bajo custodia policial para evitar que se suicide.

Puente dimitirá o no, dará un paso al lado o redoblará su insaciable ambición, plasmada en la mutación forzosa de Transportes en mera plataforma de promoción personal, pero cualquier cosa que haga no le evitará el baldón que supone cargar con la responsabilidad política de más de un centenar de muertes entre amasijos de hierro en un lapso inferior a diez meses.

La de Sánchez acaso resultó peor: el presidente del Gobierno pasa por los dramas como por un trámite. Esa es la impresión. Su actitud en Urda -no “Urta”, como quiere Puente- fue la de constatar obviedades como lo “inasumible” para un país como el nuestro de sufrir dos siniestros en la alta velocidad en menos de un año. Pues que destituya a Puente.

Pero lo más preocupante, porque revela una desconexión deliberada con la negra realidad que circunda a cincuenta millones de españoles, es que Sánchez hablara de mejorar la seguridad ferroviaria, si es que se acredita necesario, cuando, bajo su égida, el deterioro de los servicios públicos y las infraestructuras ha sido tan escandaloso como para situar nuestra existencia común en los dominios de la inmudicia pública que supone convertir nuestra cotidaniedad en una yincana diaria de consecuencias a veces fatales. Como ayer en el páramo manchego, luminioso y silencioso como un sepulcro a cielo abierto.

Un papel del Estado percibido hasta por nuestros socios europeos como un peligro para el conjunto de los gobernados supone tal aberración institucional que solo puede explicarse por razones morales: el sanchismo es como una religión laica carente de empatía y de escrúpulos, epígono de siniestros personajes en nuestra historia que, como Largo Caballero, tanto perjuicio causaron a principios del todo ajenos a la ideología: ayuno de civismo, de respeto a la discrepancia y hasta de humanidad. Un ideario que orbita en torno al cinismo y la condescendencia mediante el que se ha horado la esencia misma del Estado, primero para ponerlo en retirada hasta convertirlo luego en algo muy semejante a un proyecto de colectividad fallida.

Puente no piensa en dimitir, solo en “resolver esto”. Como si la expresión de una voluntad a posteriori supusiera un lenitivo para decenas de familias destrozadas, perplejas ante una casta dirigente que trata a sus muertos como números, algo que este miércoles de negrura no pasó inadvertido a García-Page, al frente de una actuación ejemplar del Gobierno autonómico que representa. Como si un ministro calavera pudiera resucitar a los muertos.

No hay redención posible para el sanedrín sanchista: desenchufaron hace mucho del interés y la vicisitud de su población, construyendo narrativas artificiales con que rebatir la contumacia de los hechos, celebrando mítines solo para ellos y enarbolando banderas dialécticas para consumo de convencidos e inocentes. Lo inverosímil e inexplicable es que esta maldición vaya camino de la década si el 29-N no se remedia. Ocurra o no, hay algo incontrovertible: no merecemos esta recua de indigentes morales, incapaces de llorar junto a su pueblo.