Al carecer de principios ético-democráticos, el «sanchismo» ha tenido como único fin, desde su origen, primero lograr y luego no perder el poder que detenta.

Fin que además pretende justificar la utilización de todos los medios necesarios, lícitos e ilícitos, siguiendo la doctrina del tristemente célebre Nicolás Maquiavelo, cuya inmoralidad pública fue por cierto sabiamente criticada por Calderón de la Barca en La vida es sueño, relatando el maquiavelismo de Segismundo para llegar a ser dictador, a pesar del empeño de su padre en evitar tan triste propósito.

En la España actual es obvio que, mutatis mutandis, la situación política nos retrotrae a los años 30 del siglo pasado.

En 1930, los partidos independentistas y los de izquierdas se coaligaron en el tristemente célebre Pacto de San Sebastián, pacto que el maquiavélico Pedro Sánchez ha revivido desenterrando a Franco, resucitando el odio entre las dos Españas, sumando a dicho Pacto a los exterroristas de ETA y animando y practicando políticas antidemocráticas de la mano de la extrema izquierda.

Y en la presente situación agónica, esta flexibilidad que da la falta de principios, de sentimientos y de afectos le ha llevado a escorarse aún más hacia la extrema izquierda.

De esta frenética deriva son muestra, entre otras, la instrumentalización de unos sindicatos, durante años amansados con subvenciones millonarias en el más puro estilo peronista, para que convoquen una huelga general ¡contra los partidos de la oposición!, vinculando la protesta al muy grave problema de la vivienda, que este Gobierno de coalición no ha sabido resolver en sus casi siete años de existencia.

Y para poner la guinda de esta tarta envenenada, merece especial atención el reenvío a un Congreso, también agónico y reducido a su Diputación Permanente, de los dos fenecidos decretos-leyes de vivienda, con una nueva sangría de los fondos públicos de 10.000 millones.

Unos decretos-leyes rechazados por el Pleno de ese Congreso, maniobra que recuerda a los testamentos otorgados por moribundos que, utilizados por un heredero interesado, son incapaces de saber y controlar qué y a favor de quiénes están testando.

Este reenvío, más que un nuevo fraude de ley, es un fraude de Constitución análogo al de la amnistía, bendecido en junio de 2025 por sus peones en el Tribunal Constitucional.

Y es un reenvío fraudulento porque se encubre en la letra de la norma lo que su espíritu y finalidad no permiten, incumpliendo las tradicionales reglas de la interpretación de las leyes consagradas y exigidas en el Código Civil, que hacen prevalecer el «espíritu y finalidad» del texto legal sobre las restantes interpretaciones: gramatical (de la letra), sistemática, histórica y de adaptación a los tiempos que corren.

Se conculca la Constitución (artículos 78.2 y 86.1 y 2), porque la competencia que otorga a la Diputación Permanente sobre los decretos-leyes cuando las Cámaras están disueltas, desarrollada en el artículo 57 del reglamento del Congreso, no legitima, como es lógico, la revocación de lo desaprobado por el Pleno el 2 de octubre, disimulando el reenvío con leves novedades y un nuevo fingimiento de urgencia.

Pero este Gobierno lo ha convertido en estadísticamente normal, excepcionalidad por la que no debería admitirse esta fórmula legislativa fuera de los estrictos supuestos del citado artículo 86.1 «de extraordinaria y urgente necesidad», en evitación del quebranto de la división de poderes que supone la invasión por el ejecutivo de una exclusiva parcela del legislativo, como ya advirtió el Tribunal Constitucional en su sentencia 14/2020 sobre un decreto-ley de alquiler reeditado tras su rechazo, aunque entonces sólo anuló dos de sus preceptos por falta de urgencia, sin declarar inconstitucional la reedición en sí.

Por otra parte, este Gobierno actúa ya con las Cortes disueltas, situación que debería impedirle, en una correcta praxis democrática, tomar decisiones que no sean de mera administración.

Y mucho menos si se trata de una propaganda partidista desde el Poder con fines electorales, salvo que concurrieran supuestos excepcionales como la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio, naturaleza que no puede extenderse a la aprobación de decretos-leyes, que ya es en sí misma una facultad legislativa excepcional.

Parece que Sánchez ha llegado al final del camino, no sin el epílogo muy a su estilo ya comentado, y el 29 de noviembre saldrá un nuevo parlamento que, según anuncian las encuestas, exigirá un pacto del ganador con los ultras, bien por la derecha, bien por la izquierda.

Y la pregunta es: ¿qué extremismo es el menos malo?, considerando que, en una realista y resignada escala de posibilidades, el abanico se limita a elegir entre un mal mayor o un mal menor.

Porque los posicionamientos políticos actuales ponen al elector en el brete de renunciar de salida a votar con gran ilusión por lo bueno y, menos aún, por lo óptimo, o si se prefiere contra lo más malo, triste tesitura que no exime del deber ético de votar, aunque sea en blanco, como ha anunciado que hará el expresidente socialdemócrata Felipe González, para quien ese voto «no es una abstención».

Los que pretendemos estar en el centro político, votando unas veces a UCD o AP y otras al PSOE durante la Transición, vemos los dos extremismos malos en sí mismos, por lo que tienen de simpleza las soluciones que ofrecen.

Son pseudosoluciones derivadas de la ceguera que provoca una ideología generadora de parecidos efectos de dormición de la mente a los producidos por los opiáceos, equivalentes curiosamente a los que el marxismo achaca a la religión.

No contamos en la actualidad con ejemplos de fascismos con regímenes de partido único que pudieran señalarse como referentes, ni por suerte son previsibles en el ámbito de la Unión Europea. Pero la extrema derecha por sí sola no ofrece garantías de concordia social y de competencia política para generar progreso, igualdad social restableciendo la clase media y, sobre todo, defensa efectiva de todos los derechos humanos.

La extrema izquierda sí cuenta, en cambio, con modelos nada apetecibles como Cuba, Nicaragua o Venezuela que, criminalizando al enemigo político, lo detienen y torturan, no respetan en absoluto las normas democráticas ni los derechos humanos y, para colmo, generan y reparten pobreza que no riqueza.

Visto lo visto, parece que ofrece menos riesgos para el país la coalición de la derecha con la ultraderecha, si el programa que pacten cumple con la Constitución y con la suficiente dosis de sentido común. En definitiva, un programa conjunto que, poniendo sordina a las estridencias ultras, revierta el presente regreso al peor pasado en un positivo progreso hacia un mejor futuro.

En conclusión, que el 29 de noviembre hay que votar y no abstenerse, y hacerlo con los pies calientes (pisando la cálida y triste realidad) y con la cabeza fría (dominando o moderando las pasiones irracionales y cuestionando las «modas»), conformándonos con el «mal menor» que supone el pacto del centro derecha con la derecha extrema, y pidiendo que la próxima legislatura vuelva a ser de reconciliación, de paz y de esperanza de progreso.

Y, finalmente, que al mismo tiempo podamos celebrar la regeneración de un PSOE que, recuperando su carácter socialdemócrata al estilo nordeuropeo, retorne al «lado verdaderamente correcto» de la Historia, al pasar la página de esta última y triste etapa de corrupción y regresión, encubierta en un perverso y falso progreso.

*** Luis Rodríguez Ramos es catedrático de Derecho Penal y abogado.