Por eso la contienda no debe desvirtuar ni eclipsar la urgente necesidad por un techo digno y a un precio asequible. Ese derecho, convertido en un problema de enorme magnitud que no han sabido atajar el actual Gobierno ni tampoco los precedentes, obliga a un gran acuerdo de Estado sea cual sea el desenlace en las urnas el 29-N. No hacerlo sería una flagrante irresponsabilidad que podría ahondar la brecha de la desconfianza social y, de paso, alimentar las soluciones populistas que solo sirven para azuzar los extremos.

Detrás de las manifestaciones masivas y las consignas, sigue hoy el drama para una parte significativa de la población que, además, ve cómo se deteriora su poder adquisitivo mientras se dispara el coste de la vida. No debería ser necesario recalcar que la huelga es un derecho consagrado en la Constitución y un instrumento que cobra toda su validez para denunciar situaciones de emergencia, de la misma manera que resulta imprescindible garantizar la libertad de quienes optan por acudir a su puesto de trabajo.

Pero esta convocatoria contenía en la misma raíz un sesgo: se gestó fuera del cauce sindical habitual -impulsada por un movimiento sin representación homologada como es el Sindicato de Inquilinas-, no contesta a una ley concreta -a diferencia del paro convocado contra la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo de Rajoy- y se solapa con la precampaña de las generales al fragor del malestar social. Siendo la primera huelga en los casi ocho años de legislatura de Pedro Sánchez, los convocantes situaron el foco en una difusa responsabilidad de «las administraciones» implicadas en la gestión del suelo y el alquiler, en una movilización a la que se sumaron CC OO y UGT al incluir la precariedad salarial.

Declaraciones insólitas como las de la exvicepresidenta María Jesús Montero, arengando a movilizarse «contra la oposición por derribar los decretos de vivienda», remataron el carácter electoralista de la cita. Se consumó así una instrumentalización inédita. El PSOE, lejos de asumir el examen que le corresponde como gestor del Estado, prefirió subirse a la ola de la huelga para convertirla en munición contra la oposición. Eso no quiere decir que no haya razones para protestar por la falta de pisos y su brutal encarecimiento. Pero ese clamor no puede quedar solapado por intereses partidistas o por el lamentable cruce de descalificaciones entre el PP y los sindicatos, llamados a mantener el diálogo.

Sería deseable que la jornada no solo se midiera por su seguimiento. En este caso, con una notable incidencia en la industria y el comercio de Euskadi, aunque se produjeron intolerables coacciones para forzar el cierre de negocios. Tiene que salir algo productivo de la protesta por muy enconadas que estén las posiciones. Entre los que vieron ayer un paro divisivo y oportunista, y los que apoyaron una movilización popular y pertinente, existe una preocupación de un gran alcance que atañe al conjunto de la sociedad, más allá del nivel de renta, condición y sentido del voto en las urnas. Puede resultar ingenuo el emplazamiento a remangarse por un Pacto de Estado o una colaboración cada vez más cuarteada por la polarización. Pero solo habrá soluciones eficaces desde el consenso. Lo más estéril es la confrontación entre bloques que retrata este 11-N. El país sigue en marcha. La campaña, también. La vivienda debe salir de la trinchera.